Un Plan abierto, en constante proceso de evaluación
El Plan tiene vocación pedagógica y es entendido como un proceso en marcha, orientado a realizarse y a ser complementado con nuevas propuestas. Para ello, la evaluación periódica del Plan mide su eficacia y sirve para proponer nuevos compromisos.
En este proceso de seguimiento, evaluación y reformulación es imprescindible la participación del Parlamento, así como las organizaciones de la sociedad civil, universidades y actores sociales que trabajan en nuestro país por los derechos de las personas. Asimismo, y dada la distribución territorial de competencias prevista en nuestras leyes, la coordinación y cooperación con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos está muy presente en la ejecución del Plan.
El Plan prevé la creación de una Comisión de Seguimiento presidida por el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.
