Política Interior
La perspectiva de los derechos humanos está presente en la acción de todos los ministerios del Gobierno, dando formación a los funcionarios, aumentando donde sea pertinente la protección de esos derechos y mejorando la respuesta allí donde su efectividad pueda estar cuestionada. En este marco, el Plan compromete al Gobierno en distintos ámbitos:
1. Por la igualdad, y contra la discriminación y el racismo, proponiendo y llevando a cabo reformas legislativas y acciones políticas dirigidas a evitar que las personas puedan ser discriminadas, directa o indirectamente, por motivos de religión o creencias, discapacidad, edad, sexo, orientación sexual u origen racial o étnico.
2. En la lucha contra la violencia de género, buscando la mayor eficacia de la Ley de Medidas de Protección Integral, mejorando las medidas de prevención y de sensibilización, así como la respuesta profesional y la atención social a las víctimas, e impulsando la gestión del conocimiento sobre este problema.
3. Para que los ciudadanos españoles en el exterior ejerzan sus derechos fundamentales en condiciones de igualdad con los residentes en España.
4. Con el derecho a la libertad religiosa de todas las personas.
5. Para la mejora de la tutela judicial efectiva, la atención a las víctimas y la mejor formación de los operadores jurídicos.
6. En el ámbito de la autonomía personal, para garantizar que las personas sometidas a privación de libertad gocen de todos los derechos y garantías que la Constitución les reconoce. El Ministerio del Interior asume con firmeza la decisión de fomentar la cultura del respeto a ultranza de los derechos humanos.
7. En la protección de los refugiados y demás personas perseguidas en sus países de origen, avanzando en un sistema jurídico que refuerce las garantías y permita identificar a las personas con necesidad de protección internacional.
8. En colaboración con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, y dentro del marco competencial establecido, fortaleciendo la cohesión de las prestaciones de educación, de vivienda, de sanidad y los servicios sociales básicos, las condiciones laborales de los trabajadores, las prestaciones para las personas dependientes, así como la protección de los derechos de la infancia.
9. En el derecho de todo ciudadano a disfrutar de un medio ambiente adecuado, promoviendo medidas para minimizar el impacto de la actividad humana en el territorio y para mejorar la calidad del medio ambiente en los núcleos urbanos.
