¿Por qué España adopta un Plan de Derechos Humanos?
En la fecha de aprobación del Plan de Derechos Humanos, diciembre de 2008, España celebró el 30º aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978. Una norma que abrió nuestro país a la democracia y a la modernidad, con la que hemos logrado alcanzar cotas de desarrollo impensables hace treinta años y que ha situado a nuestro país a la vanguardia de la protección y garantía de los derechos humanos.
La Constitución Española de 1978, y su máximo intérprete, el Tribunal Constitucional, han permitido la conformación de una cultura democrática y de los derechos humanos, hoy plenamente asentada en España. Junto a ello, nuestro país ha desarrollado un proceso constante y coherente de firma y ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, que se inició en 1977 con la ratificación de los Pactos Internacionales de Nueva York, siguió con la ratificación en 1979 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y, en 1980, con la Carta Social Europea, que ha continuado hasta nuestros días.
Como resultado de todo ello, a día de hoy, España es una democracia consolidada, un país en el que existe una conciencia pública del valor y la importancia de los derechos humanos, en el que los mismos se encuentran protegidos y garantizados al máximo nivel, convirtiéndose en un referente internacional en este aspecto. Nuestro país ha asumido como prioridad política que éstos se conviertan en un verdadero y real patrimonio común al que accedan todos los seres humanos.
No obstante, es sabido que en el mismo momento en que dejan de promoverse los derechos, éstos comienzan a debilitarse. De modo que la realización y perfeccionamiento del sistema de derechos de un país dependen del compromiso cotidiano que adopten sus poderes públicos y sus ciudadanos. Ese compromiso significa estar atentos a los nuevos desafíos que plantea el desarrollo social, económico y tecnológico. Y es ese compromiso el que ha llevado a España a adoptar en los últimos años una posición y acciones coherentes con ella, para situarse a la vanguardia de quienes asumen el reconocimiento y la protección de los derechos humanos como prioridad de su acción política.
Por ello, durante la VIII Legislatura el compromiso con los derechos humanos se ha plasmado en numerosas propuestas, en planes de acción, y en medidas normativas de gran calado social. La Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la reforma del Código civil que permite el matrimonio a personas del mismo sexo, la Ley de Dependencia, la Ley de Identidad de Género, pero también el Plan Director de Cooperación Internacional y el objetivo de alcanzar el 0’7% del PIB en cooperación al desarrollo… muestran la apuesta decidida del Gobierno por hacer de la protección de los derechos humanos una seña de identidad de España.
Este contexto y el objetivo de seguir trabajando en la garantía de los derechos de forma coordinada y sistemática, han sido las razones que han impulsado al Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero a considerar oportuna la aprobación de un Plan de Acción de Derechos Humanos siguiendo la recomendación de Naciones Unidas. Un Plan que adecua nuestro ordenamiento interno a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, que vincula a actores públicos y privados en su defensa, que refuerza, a través de compromisos políticos, los medios de protección de nuestros derechos, en suma, el plan es un instrumento de impulso, coordinación y evaluación de modo conjunto de acciones muy diversas que planean o están llevando a cabo distintos actores del Gobierno, la Administración y los poderes legislativo y judicial.
El Plan ancla sus bases en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los instrumentos y resoluciones para la defensa de los derechos emitidos por la ONU y por el resto de organizaciones internacionales, especialmente por el Consejo de Europa. En este sentido, el Plan desarrolla un concepto de derechos humanos amplio, que comprende derechos individuales y sociales, y que presta atención a nuevas formas de presentación de los mismos. Con este Plan, España recoge el impulso que llevó a Naciones Unidas a aprobar aquella Declaración de derechos y reafirma su compromiso con su validez y expansión universal.
