El Gobierno pone en marcha la mayor reforma penal desde la entrada en vigor de la Constitución
Conferencia de prensa del ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, junto con el ministro de Justicia, tras la reunión del Consejo de Ministros
22/07/2011. Madrid.
Portavoz.- Buenos días. Doy comienzo a la rueda de prensa después de la reunión del Consejo de Ministros, en la que hemos abordado varios temas fundamentales pero, como es lógico, he de comenzar por afirmarles que una buena parte del Consejo la hemos dedicado a analizar lo ocurrido ayer en la reunión del Eurogrupo a partir de un informe del presidente del Gobierno. Ha sido, por lo tanto, ésta una materia central de la reunión del Consejo de Ministros.
El presidente del Gobierno ha informado sobre el acuerdo del Eurogrupo del día de ayer. El Gobierno, y lo hizo ayer el presidente, hemos manifestado que el acuerdo alcanzado es un acuerdo muy positivo, porque supone un claro compromiso con la estabilidad financiera de la zona euro; un acuerdo que, además, y quiero subrayarlo, recoge una valoración muy positiva de las reformas estructurales, financiera y fiscales que ha emprendido el Gobierno de España.
Los países del Eurogrupo han acordado dar una respuesta eficaz a la situación de Grecia y han acordado también establecer una barrera que frene cualquier posibilidad de contagio o de inestabilidad de los mercados financieros.
Con este acuerdo ha ganado Europa y hemos reforzado la Unión Económica y Monetaria con un paso de alcance estructural. Ése es el camino que debe seguir la Unión Europea: seguir reforzando los mecanismos de una política común coordinada. En este sentido, el paso dado en el día de ayer es un paso decisivo en la gobernanza económica de la Unión Europea.
También el Consejo de Ministros ha estudiado hoy el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, una norma que va a sustituir a una del año 1882. Con ello cumplimos con nuestro compromiso, pues sabían que era un compromiso del Gobierno el presentar en esta legislatura la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y, además, que es lo más importante, damos un paso decisivo en la modernización de la Administración de Justicia en nuestro país.
El Gobierno, con este Anteproyecto que hoy vio el Consejo de Ministros, ha aprobado un nuevo modelo de justicia en nuestro país, un modelo que se basa en un fiscal investigador y en un juez de garantías. Se trata de un instrumento más eficaz, a juicio del Gobierno, en la lucha contra el crimen y también para apoyar a las víctimas; una ley que va a regir, aproximadamente, el 70 por 100 de los pleitos en nuestro país. El 70 por 100 de los pleitos de nuestro país da una idea de la importancia de la reforma que hoy aprobó el Consejo de Ministros.
Es una de las normas que más pueden contribuir a la justicia en España y lo es --y esto me parece que es lo más relevante-- porque para los ciudadanos va a suponer más garantías, más seguridad y un funcionamiento más ágil. Por lo tanto, estamos ante una norma que, desde el punto de vista de la gente, es una norma que establece más garantías, más seguridad y más agilidad.
También el Consejo de Ministros dio luz verde al Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley del Poder Judicial para la creación de los Tribunales de Instancia. Es una norma que contribuirá a racionalizar y simplificar nuestro sistema judicial, y se hace para ganar en eficiencia, acortar los tiempos de espera y facilitar, en suma, el acceso de los ciudadanos a la Justicia.
Finalmente, en materia de justicia --han visto que ha sido un Consejo de Ministros muy importante en esta materia-- ha tratado el Anteproyecto de Ley Orgánica del Desarrollo de los Derechos Fundamentales vinculados al proceso penal; una norma que regula derechos tan importante como los de la persona detenida o el control judicial de las medidas limitativas de libertad.
Será el ministro de Justicia el que explique, posteriormente, los contenidos y los pormenores de ambas reformas.
El Consejo de Ministros aprobó también esta mañana el nuevo Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias; un Real Decreto que regula las causas y que también regula los mecanismos de intervención de la Unidad de Emergencias frente a emergencias, a catástrofes o a situaciones que supongan riesgo para la vida de los ciudadanos.
Aprovechando precisamente la aprobación de este Real Decreto, de este Protocolo, el Gobierno hizo una valoración muy positiva del funcionamiento de la Unidad Militar de Emergencias desde su constitución hace cuatro años. En todo este tiempo, los más de 3.400 efectivos que componen esta Unidad han demostrado una eficacia total para garantizar la seguridad de los españoles ante incendios forestales, inundaciones, nevadas, situaciones de emergencia o catástrofes como la que hemos vivido recientemente en Lorca.
También el Consejo de Ministros ha decidido reactivar la exigencia de permiso de trabajo a los ciudadanos de nacionalidad rumana que vengan a España para trabajar por cuenta ajena. Esta medida tiene dos objetivos: vincular el flujo de entrada a las necesidades de nuestro mercado de trabajo y evitar que estas personas caigan en la economía sumergida y sean víctimas de abusos y de explotación laboral.
La decisión no concierne a los ciudadanos rumanos que ya residen en este momento en España, tan sólo establece limitaciones a las nuevas entradas y se va a desarrollar, como es lógico, en plena coordinación con las autoridades rumanas. En todo caso, quiero recordar, y ustedes lo saben, que la decisión no tiene ninguna implicación en la libre circulación de personas en el ámbito de la Unión Europea. De esta decisión del Consejo de Ministros, y de acuerdo a la normativa comunitaria, trasladamos a la Unión Europea el Acuerdo que hemos adoptado en el día de hoy.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado tres créditos con cargo al Fondo de Internacionalización de la Empresa, por cerca de 35 millones de euros, destinados a un parque eólico y un proyecto de energía solar en Kenia, y a la mejora de la seguridad de la navegación marítima en Cabo Verde.
También el Consejo de Ministros, conforme a los usos de la diplomacia, ha reconocido a todos los efectos a la República de Sudán del Sur.
Quiero referirme, por último, a la grave hambruna que se vive en el Cuerno de África y que está provocando una crisis humanitaria de dimensiones terribles. Nuestro país está respondiendo a esta situación desde el momento inicial, desde el primer momento. Desde enero, nuestro país ha desembolsado quince millones de euros para paliar esta situación en Somalia, Kenia y Etiopía. De hecho, la secretaria de Estado para la Cooperación Internacional se reunió el pasado lunes con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y comprometió una ayuda extraordinaria de cinco millones de euros a ACNUR. Hoy mismo la secretaria de Estado se encuentra sobre el terreno, visitando los campos de refugiados entre Kenia y Etiopía para conocer de primera mano las necesidades existentes.
Finalmente, el Consejo de Ministros, entre otros nombramientos, ha designado secretaria de Estado de Igualdad a Laura Seara.
Éstos son los principales acuerdos del Consejo de Ministros y, como les he anunciado, el ministro de Justicia detallará el alcance de las profundas reformas que hoy abordó, en esta materia, el Consejo de Ministros.
Sr. Caamaño.- Efectivamente, hoy ha sido un Consejo de Ministros en el que hemos abordado cambios estructurales y profundos de nuestra Administración de Justicia.
Como saben, uno de los compromisos del Gobierno es el de la modernización de la Administración de Justicia, y particularmente lo es de este ministro, que así lo anunció en su primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados.
Muchos de esos elementos de modernización ya son hoy una realidad, como la Ley del Registro Civil o como la Ley de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, y otras se están tramitando --no voy a enumerarlas--, como la de agilización procesal, la reforma concursal, la de la jurisdicción social, etc., etc.; pero faltaban dos piezas modulares. Estas reformas comienzan a dar ya sus resultados y, de hecho, hoy pueden conocer cómo, según los informes del Consejo General del Poder Judicial del año 2009 a hoy, las quejas de los ciudadanos españoles en relación con la Justicia han descendido un 13 por 100; con lo cual estamos trabajando todos en la buena dirección de cambiar las cosas.
Hoy llevábamos dos leyes que nos parecían fundamentales: la primera, que es en segunda vuelta ya en Consejo de Ministros, la Ley de Tribunales de Instancia, que en su día tuve ocasión de exponer. Es una ley que supone, resumidamente, el fin progresivo de los Juzgados y contar con una organización colegiada en la instancia coherente con la nueva Oficina Judicial que ya estamos implantando en muchas ciudades de nuestro país; una organización más ágil y más eficaz, que permite también una mayor flexibilidad organizativa y una mayor rentabilidad en el aprovechamiento de los recursos públicos.
Pero de poco sirve reformar todos estos elementos de la justicia española si no tocábamos, como muy bien ha señalado el Ministro Portavoz, esa jurisdicción, la criminal o la penal, que supone el 70 por 100 de los asuntos que transitan por nuestros Juzgados y Tribunales.
Una ley del año 1882, por tanto con una vigencia de tres siglos, a caballo de tres siglos; con una infinidad de reformas; que hemos ido parcheando a lo largo del tiempo, pero desde que hemos aprobado la Constitución hasta hoy los españoles no hemos sido capaces de presentar y de aprobar la regulación de un proceso penal plenamente adaptado a la Constitución, a sus valores y a las garantías que en la Constitución se establecen. Hemos hecho, para intentarlo, ni más ni menos que 43 reformas, 27 de ellas de Ley Orgánica; pero, a pesar de todas estas adaptaciones, no tenemos un modelo coherente porque seguimos bebiendo del viejo modelo del siglo XIX.
Lo que presentamos hoy como Anteproyecto, y así lo ha aprobado el Consejo de Ministros, es un modelo radicalmente distinto que homologa a España al que existe en otras democracias avanzadas: un modelo de justicia penal para evitar lo que nos lleva ocurriendo durante estos treinta años de democracia, que es que el Tribual europeo de Derechos Humanos nos recuerde en sus sentencias que España no cumple la garantía de la segunda instancia penal, y nos lo ha recordado varias veces; que la regulación de la interceptación de las comunicaciones no está bien regulada en nuestro país; que las exploraciones corporales no tienen una regulación completa, tal como exigen los estándares de derechos humanos y de los derechos de la Carta Europea, y que, por tanto, teníamos muchas piezas sueltas que tocar.
Eso hemos hecho en un trabajo, una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal de 789 artículos; por tanto, las dificultades de intentar resumir todo eso les serán fácilmente comprensibles. Pero además la acompaña, por primera vez también, una Ley Orgánica que cumple con el mandato del artículo 81.1 de la Constitución y del artículo 55.2; una Ley Orgánica que desarrolla el contenido de los derechos fundamentales vinculados al proceso penal, que son muchísimos: la presunción de inocencia, el derecho a no declarar contra sí mismo, la libertad y las medidas limitativas, el derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho de defensa, los derechos de los profesionales que ejercen la defensa y el secreto profesional. Todo eso lo hemos regulado en esa otra Ley y de ahí que formen dos leyes unidas entre sí.
A la pregunta de por qué durante treinta años de democracia no hemos sido capaces de tener un Anteproyecto sobre el que discutir y dialogar las fuerzas políticas, sólo se me ocurre, al menos entre otras, la siguiente respuesta: porque siempre que se ha intentado modificar nuestro proceso penal se ha puesto inmediatamente sobre el tapete un debate que sólo afecta a la primera fase del proceso penal, que es la distribución de roles entre jueces y fiscales en sea primera fase de investigación. Esta discusión, que puede ser apasionante e interesante, lo que ha producido, sin embargo, es que nos olvidásemos durante este tiempo de los principales sujetos del proceso penal, que no son los jueces ni los fiscales; somos los ciudadanos y nuestros derechos.
Por eso, ésta es una ley de garantías, como bien señalaba el portavoz; una ley plena, que incorpora la Constitución íntegramente a nuestro proceso penal y que intenta, razonablemente y buscando equilibrios, solventar esa tensión en la primera fase del proceso penal entre jueces y fiscales.
¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿Cómo es nuestro modelo actual en esa primera fase, dicho de manera muy resumida? Tenemos un juez instructor, como ustedes saben, que es el juez que tiene que investigar; tiene que averiguar si se ha cometido o no un delito y si hay elementos para mantener una acusación. Y ese mismo juez es el que determina si esa persona investigada, mientras tanto, va a estar en libertad o no va a estar en libertad; si puede entrar la Policía en el domicilio de esa persona investigada y si puede interceptar las comunicaciones de esa persona investigada. Finalmente, después de haber decidido todo eso, es el mismo juez el que decide si esa persona investigada tiene que sentarse en el banquillo. Ésta es la realidad de nuestro proceso de instrucción.
Lo que queremos hacer ahora es homologar nuestro sistema al sistema, como decía, de otras democracias europeas e, incluso, de fuera de Europa y es en el que el fiscal investiga, eso sí, bajo el control del juez.
Por tanto, en contra de lo que algunos anunciaban antes de conocer el texto de la ley, que ustedes ahora podrán comprobar, ésta no es una ley con menos juez; al revés, es una ley con mucho más juez e intentaré muy brevemente explicarlo.
La investigación y la dirección, por tanto, también de toda la investigación y de la policía judicial corresponde al fiscal; pero todos los actos del fiscal --prolongar la investigación, decidir entrar o no en el domicilio de una persona, decidir su prisión o su puesta en libertad--, todos esos actos del fiscal, son controlados inmediatamente por un juez; juez que no forma parte de la investigación y que, por tanto, desde el punto de vista del ciudadano, le ofrece claras garantías de neutralidad por el alejamiento al proceso de investigación que está dirigiendo el fiscal. Por tanto, todos los actos relevantes que realice el fiscal están sometidos a un juez que, precisamente por su función, se denomina en la Ley Juez de Garantías.
Pero no sólo eso. Si iniciada la investigación, las acusaciones o los denunciantes consideran que han acumulado pruebas suficientes y quieren formalizar la acusación contra la persona que han investigado, entonces se van a un juez distinto, que nada ha tenido que ver ni con la investigación ni con las garantías de otro juez respecto de lo que hacía el fiscal. A ese juez le denominamos en esta Ley Juez de la Audiencia Preliminar y es el que va a decidir si con los materiales existentes y las diligencias de investigación existentes es posible o no formular acusación contra una persona; en consecuencia, un segundo juez.
Y, finalmente, si se supera el juicio de acusación y ese juez considera que hay elementos bastantes para procesar, será un tribunal de justicia distinto quien resuelva y, en su caso, condene o declare el sobreseimiento, la inocencia de esa persona.
Por tanto, frente al modelo de juez instructor y juez que juzga, vamos a tener un modelo de Juez de Garantías, que controla la investigación; Juez de la Audiencia preliminar, que controla la acusación; y un juez que juzga. Como les decía, más juez.
Por supuesto, y sin entrar en otros muchos aspectos de la reforma, hemos aprovechado la misma para introducir todos esos déficits regulatorios que tenía nuestro sistema penal.
Se refuerza la posición del ciudadano desde el momento mismo de la detención. Por señalar algunas novedades, ahora no se le puede tomar declaración por la Policía salvo que esté presente su abogado, por ejemplo, que es algo que se garantiza expresamente en esta Ley. Se refuerza toda la intervención e interceptación de las comunicaciones con una regulación específica. Se establecen también otros elementos fundamentales, que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos en el proceso: garantías probatorias, presunción de inocencia… Se reconoce formalmente en esa Ley Orgánica el derecho, que no está escrito como tal en ningún lugar salvo en la jurisprudencia, de todo ciudadano a no ser perseguido dos veces por los mismos hechos.
También el derecho a que, si uno recurre frente a una sentencia penal, por el sólo hecho de recurrir ante otro tribunal no puede verse perjudicado; es decir, no se le puede imponer una pena superior, la prohibición de la reforma peyorativa. Y, como esto, otro conjunto de derechos.
Pero hay algo más: esta Ley no sólo se ocupa de las garantías de los ciudadanos desde la perspectiva de poder ser investigado o detenido; se ocupa también de los ciudadanos que están ofendidos o son víctimas del delito. Por eso, por primera vez, en nuestro sistema procesal va a haber un estatuto completo de las víctimas en el proceso penal, algo que también hacía falta; al igual que respecto de los testigos vulnerables, personas con discapacidad, cómo tienen que poder y qué garantías tienen todos ellos que tener en el proceso.
Se regula, igualmente, la custodia de los materiales probatorios para saber qué ocurre y quién es el responsable en cada momento, y todo un proceso de ejecución de la condena mucho más ágil, que va a permitir una mayor fluidez.
Un proceso más oral, con muchos menos trámites y que va a permitir algo que creo que va a ser fundamental para todos los españoles, que es que de ese 70 por 100 de asuntos penales --y es un dato importante-- sólo un 10 por 100 llega a juicio. Es decir, el 90 por 100 de los asuntos penales de nuestro país no llegan nunca a juicio y, sin embargo, tenemos muchas horas de tramitación, de trabajo de muchos servidores públicos, mucho papel y muchos trámites, que queremos que con esta nueva Ley se puedan precisamente ahorrar, dada la nueva distribución de roles que se produce en la fase de investigación.
¿Por qué, finalmente, una Ley Orgánica que acompaña a la Ley de Enjuiciamiento Criminal? Una muy breve explicación, y concluyo ya. Porque a lo largo de estos treinta años de democracia hemos ido modificando la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a veces por Ley Orgánica y otras veces por Ley ordinaria, de tal manera que tenemos, al final, un producto difícil de coser: hay partes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal orgánicas, otras partes son ordinarias y un cierto caos como consecuencia de la sucesión de reformas en el tiempo.
Lo que hemos hecho es aprovechar esta reforma del modelo para ordenar también las cosas, colocando cada una en su lugar: lo que es orgánico en una Ley Orgánica y lo que es materia reservada a la Ley ordinaria, y que no necesita mayoría absoluta, en una ley estructurada a tal fin.
Por último, hemos intentado en esta Ley --lo podrán comprobar cuando tengan ocasión de leerla-- es hacer una cosa también novedosa: que sea una ley que los ciudadanos puedan entender sin ningún tipo de dificultad, que comunique. Porque en esta Ley están en juego muchísimos derechos fundamentales de la persona y es bueno que los españoles la puedan conocer y entender para que sepan qué ocurre cuando tienen que declarar o cuando son detenidos, y qué derechos les asisten.
Hemos hecho un esfuerzo especial de comunicación en el lenguaje jurídico de la Ley siguiendo también las directrices, como saben, de una comisión que hemos creado de modernización del lenguaje jurídico.
Para concluir, y para que vean un poco el espíritu de la nueva Ley y la diferencia de lenguaje, permítanme que haga, a modo de ejemplo, una breve lectura. El actual artículo 528 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice lo siguiente: "el detenido o preso será puesto en libertad en cualquier estado de la causa en que resulte inocente". Se parte de la idea de que uno no es inocente. Hoy el equivalente de ese artículo, el 178 del Anteproyecto, dice: "la persona investigada presumida inocente permanece en libertad". Es, creo, una forma distinta de ver las cosas, pero también una forma muy distinta de decirla.
Esto es, sustancialmente, el núcleo de este Anteproyecto de Ley, el primero en materia penal de reforma íntegra que se produce en la democracia española, que enviaremos a los órganos consultivos establecidos por la Ley, así como al Consejo General de la Abogacía, porque tiene importancia conocer la opinión de los abogados sobre ello, y que intentaremos, en segunda vuelta, después de las alegaciones pertinentes, remitir lo antes posible al Parlamento.
P.- Dos preguntas para el Ministro Portavoz. Sobre el informe que ha presentado el presidente Rodríguez Zapatero acerca del acuerdo alcanzado ayer por la Eurozona, quisiera saber si el Gobierno enfrenta hoy su tarea con una mayor tranquilidad, también hasta qué punto estuvieron complicadas las cosas la semana pasada en este sentido, en el ámbito de la deuda, y si cree que con este acuerdo España evita la posibilidad de un rescate.
También sobre este tema, no sé si el Gobierno ha calculado ya la parte que le toca a España asumir de ese nuevo rescate a Grecia.
Portavoz.- Es indudable que el Gobierno de España está hoy más tranquilo, porque lo que ocurrido ayer con el acuerdo alcanzado en el seno del Eurogrupo refuerza la estabilidad de los mercados de deuda. Eso es positivo para la deuda de nuestro país y, a su vez, refuerza algo que he señalado en el principio de mi intervención, que es la gobernanza económica de la Unión Europea. Se da un paso estructural importante, muy importante. En este sentido, los que creemos en la gobernanza económica de la Unión Europea creemos que se dio un paso muy importante, muy determinante, en el día de ayer.
Nosotros nunca hemos contemplado, como España, que nuestro país tuviera que ser rescatado; pero es verdad que lo que ocurría en Grecia estaba contaminando a nuestro propio país, se elevaba la prima de riesgo y con ello teníamos que pagar más intereses por nuestra deuda. Esperemos --estamos seguros-- que con la decisión que se ha adoptado todo se vaya a relajar. Además pensamos que con esto, añadido a las reformas que ha hecho España y que ayer fueron explícitamente reconocidas en el seno del Eurogrupo, estamos por el buen camino, afrontando los desafíos para generar recuperación económica y creación de empleo.
Ése es el reto de nuestro país y, desde luego, el paso que se dio ayer en la Unión Europea contribuye a ese reto. Los países acordaron establecer una barrera frente a cualquier posibilidad de contagio o inestabilidad en los mercados de deuda, y esto, reitero, es extraordinariamente positivo.
En relación a su segunda pregunta, el Gobierno todavía no ha evaluado la parte con la que tiene que contribuir para solventar el problema de la deuda griega.
P.- Portavoz, yo le quería preguntar por un tema que, evidentemente, no se ha tratado en el Consejo de Ministros, pero que mediatizado toda la información esta semana, y es la dimisión de Camps. Hoy Rajoy, por fin, ha hablado para ensalzar el gesto de Camps, decir que ha sido de una gran grandeza y que tiene mucho futuro político; pero también para arremeter contra el Gobierno, contra uno de sus ministros y contra el candidato socialista. Quería saber qué tiene que responder el Gobierno a esto.
Portavoz.- Les dije la semana pasada que la opinión verdaderamente relevante sobre el "caso Gürtel" y la implicación del señor Camps era la que tenía que dar el presidente del Partido Popular, el señor Rajoy. Hoy no lo ha hecho, no ha dado ningún tipo de explicación; simplemente, están en una estrategia a la desesperada que sólo pretende ocultar un hecho de una extrema gravedad.
La dimisión del presidente Camps se suma a una lista de dimisiones por un escándalo de corrupción que se denomina, que se conoce, como "la trama Gúrtel". El señor Camps, por decisión de Rajoy, fue en las listas electorales hace cuatro días. Por lo tanto, reitero lo dicho el otro día: si alguien debe dar explicaciones, es precisamente el señor Rajoy y, si alguien tiene que asumir alguna responsabilidad por esa decisión, también será el señor Rajoy.
P.- Tengo preguntas para ambos. Para el Portavoz, siguiendo por este asunto, la semana pasada, a esta misma hora y en esta misma sala, en el día de su estreno, le oíamos mostrar un respeto por las decisiones judiciales. Ese día sabíamos el auto que precisamente afectaba al señor Camps y también el del llamado "caso Faisán". Yo quisiera saber si el Gobierno, del mismo modo que cree que se deben respetar ambas decisiones, también cree que se deben depurar responsabilidades políticas en ambos casos. Eso por una parte, señor Blanco.
Por otra, también la semana pasada usted nos dijo aquí que, sobre el adelanto electoral, siempre nos respondería con "queda una semana menos". Yo apelo a usted para preguntarle hoy, 22 de julio, si a la Legislatura le quedan sólo semanas menos o algún mes menos.
Y, por si usted se me escapa, al señor Caamaño, dado que usted, en su trayectoria política, conoce bien lo que es la maquinaria parlamentaria y sabe que las cosas de palacio llevan su ritmo, ¿cree, con la mano en el corazón, que los Proyectos de Ley de su Departamento que acaba de aprobar hoy mismo el Consejo de Ministros acabarán viendo la luz en las Cortes?
Sr. Caamaño.- Desde luego, lo vamos a intentar. Cuando nos hemos empeñado, hemos conseguido sacar Proyectos de Ley que parecían en algún momento imposibles, lo hemos hecho en plazos muy cortos y lo hemos hecho, además, con un amplísimo consenso.
Cuando presentamos el Proyecto de Registro Civil, parecía imposible: ¿quién le va a decir a los jueces que no van a llevar el Registro Civil? Hoy está aprobado y por unanimidad, en plazos relativamente muy breves de tiempo, al igual que el resto de los Proyectos, porque la Comisión de Justicia del Congreso es una Comisión que trabaja con un nivel muy especializado y con una alta capacidad de conciliar acuerdos.
Nosotros hemos hecho nuestra parte de trabajo y hasta el fin de la Legislatura todavía hay un tiempo en que los parlamentarios pueden hacer la suya. Creemos que el Anteproyecto es un muy buen Anteproyecto de Ley; creemos que lo podemos mejorar, como hemos hecho con todos, con el diálogo y tenemos plena confianza en ese diálogo para poder cumplir ese objetivo; pero, en todo caso, había un compromiso de gobierno, que era hacer por primera vez un Anteproyecto de Ley para un diálogo razonable, y no discutir en abstracto sino ya sobre algo concreto, en nuestro procedimiento penal. Eso existe y estoy seguro también de que los Grupos Parlamentarios van a hacer lo posible para que se convierta lo antes posible en realidad.
Portavoz.- En relación con las preguntas que me ha formulado, le he de reiterar lo que le dije la semana pasada y no podía ser de otra forma: hay que tener siempre respeto por las decisiones judiciales.
Si hemos observado algo en esta semana, es que quienes no han tenido respeto por las decisiones judiciales han sido precisamente aquellos que, olvidándose de la presunción de inocencia, le exigían a Camps que fuera a un Juzgado a declararse culpable. Los que le exigían que se declarara culpable tendrían argumentos para saber que era culpable porque, de lo contrario, sería absolutamente desproporcionado. Por eso son exigibles explicaciones a aquellos que no respetan los procedimientos judiciales, no respetaron la presunción de inocencia y trataban de obligar a Camps a que se declarara culpable ante unos tribunales. Seguramente, es porque tienen razones fundadas para que sea culpable. Pero eso, en todo caso, lo deben de explicar.
Los ciudadanos deben de tener una explicación de por qué se tomó esa decisión, porque eso sí que rompe el principio de respeto a las decisiones judiciales y el principio de presunción de inocencia.
Yo les dije que no iba a ser original cuando ustedes me preguntaron la semana pasada por las elecciones. Por lo tanto, hoy les vuelvo a decir: queda una semana menos para las elecciones.
Pero me va a permitir que haga una reflexión complementaria. Me parece sorprendente que, en un momento vital para el futuro de Europa, para el futuro de la zona euro y para el futuro del euro, aquí, en nuestro país, nos estemos mirando el ombligo en un debate sobre si las elecciones son unos días antes o unos días después. Realmente, me parece sorprendente. Hay quienes trabajan para hacer frente a los desafíos que tenemos como país --ayer se puso de manifiesto en la reunión del Eurogrupo-- y hay quienes trabajan, sencillamente, para resolver los problemas de su partido y, en todo caso, para generar incertidumbres.
Nosotros tenemos un compromiso, que vamos a mantener: el compromiso es hacer las reformas necesarias. Hoy el ministro de Justicia acaba de anunciar una reforma estructural muy importante, que es la reforma más ambiciosa en el ámbito de la Justicia que se ha planteado desde el inicio de la democracia. Por lo tanto, el Gobierno va a seguir planteando reformas, va a seguir desarrollando las que están y va a ir cumpliendo con su "hoja de ruta".
Ayer, desde luego, cumplimos con la tarea, con una actuación del presidente del Gobierno muy activa en el seno del Eurogrupo, que tuvo un resultado muy positivo para los intereses de España, y eso es mucho más relevante que si las elecciones son unos días antes o unos días después.
P.- Quería volver al acuerdo de ayer del Eurogrupo porque, a pesar de esas valoraciones positivas, la prima de riesgo de la deuda española sigue hoy clavada en torno a los 275 puntos. Quería preguntarle si el Gobierno prevé que esa relajación de los mercados como consecuencia del acuerdo permita que baje más o, de alguna formam asume que ése es el nuevo nivel de estabilidad de la prima de riesgo, dadas las circunstancias, y que en torno a ese valor se quedará próximamente.
Portavoz.- Si observamos cómo estaba la prima de riesgo hace una semana, tenemos que concluir que nuestra prima de riesgo ha bajado muchísimo en una semana. Ayer ya anticipó el previsible resultado de la Cumbre del Eurogrupo y estamos convencidos de que, con los acuerdos que se adoptaron en el día de ayer y con la política que va a seguir desarrollando el Gobierno de España, se irá relajando todavía mucho más.
P.- Más o menos una cuestión parecida a ésta última. Me gustaría que me comentara, después de que haya habido otras reuniones con acuerdos importantes en los que siempre se ha dicho que se ponía freno a los mercados de tensiones de la deuda, por qué ahora el Gobierno cree que no se van a volver a reproducir ataques como los de la semana pasada, por ejemplo. O, dicho de otra forma, ¿se puede descartar que se repitan en unos meses situaciones como la de la semana pasada?
Portavoz.- Porque en el día de ayer se reforzaron los mecanismos financieros de la Unión Europea: se puede comprar deuda en el mercado secundario, se pueden proporcionar líneas de crédito sin necesidad de que un país esté en fase de rescate y se puede aportar dinero a los Estados para que puedan recapitalizar sus bancos en caso de necesidad. Por lo tanto, se ha establecido una barrera que frena cualquier posibilidad de contagio o inestabilidad en los mercados de deuda. Ése es el gran avance que se produjo en el día de ayer en la reunión del Eurogrupo y, a su vez, se garantizará la deuda griega para que el Banco Central Europeo pueda seguir aportando liquidez a los bancos griegos.
Por lo tanto, se da una respuesta a la situación de la deuda griega y se implementan mecanismos que refuerzan y suponen una barrera frente a cualquier posibilidad de contagio o inestabilidad.
P.- Ministro, tengo una pregunta para usted y dos para el señor Caamaño.
Para el señor Caamaño, sobre las restricciones informativas en el nuevo marco del proceso penal sabemos que las va a haber. Creo que el fiscal será prácticamente el único autorizado para dar información de una operación que se desarrolle, como algunas de las más espectaculares que hemos conocido recientemente. Mi pregunta es si no teme usted fricciones al respecto y, en todo caso, si el juez tendrá algún papel en el contacto con los medios de comunicación, o podemos sentenciar ya que se acabaron los "jueces estrella".
En segundo término, hay una restricción también respecto de la acción popular, de ese mecanismo. Entonces, como partidos, sindicatos, etcétera, no podrán actuar bajo ese capítulo, quería preguntarle si esto se regula así en la perspectiva de despolitizar la Justicia o, en definitiva, quitarle presión política.
Para el portavoz y ministro de Fomento, subrayando esta última condición. Estos días están declarando controladores ante los juzgados, algo que también tiene esto tangencialmente que ver con la Justicia. Echando la vista atrás, ¿valió la pena el pulso? En todo caso, están alegando estrés para aquellas circunstancias y una juez de Málaga ha archivado. Entonces, quería preguntarle si el Gobierno, en representación del interés público, actuará a través de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado, de los mecanismos que tenga, para que este asunto no se resuelva con un carpetazo y si te he visto no me acuerdo.
Sr. Caamaño.- El Anteproyecto de Ley intenta compaginar la presunción de inocencia de los ciudadanos con el derecho y la libertad de información propia de un Estado democrático, porque se han producido excesos, de alguna manera, que han afectado. Todos conocemos eso de la "pena de telediario" alguna vez, etc., etc.; o el derecho a la intimidad o a la imagen de algunas personas que, debido a la proyección en los medios, aparecían casi como si fuesen culpables cuando realmente ni siquiera existía una acusación formal contra ellas.
Lo que hemos hecho es inspirarnos en otras sociedades democráticas con sistemas de justicia penal similar al que nosotros queremos para España y donde también existen medios públicos de comunicación, como ocurre en el modelo francés, en el alemán o en el Reino Unido, que nos han servido un poco de inspiración. Lo que sí hace el Anteproyecto de Ley es concentrar los momentos de esa información. En la fase de investigación el portavoz será el fiscal responsable de la investigación, que es otra de las figuras que se crean en la Ley --habrá un fiscal que responde de cada investigación, que es inamovible, es el responsable de ese asunto--, y él comunicará los datos en cada momento; pero también hay un portavoz, digamos, del órgano judicial cuando tome el órgano judicial esas decisiones.
Ahí se dará toda la información, y además la Ley lo dice de forma rotunda, "de manera igual a todos los medios de comunicación". Se harán, por tanto, ruedas de comparecencia a todos los medios dando información y reservando en cada momento de esas informaciones aquello que, a juicio del fiscal y con arreglo a lo dispuesto en la Ley, o a juicio del juez informador, pueda afectar gravemente a la investigación que se está llevando a cabo, a la presunción de inocencia de las personas investigadas, a su imagen o a su integridad. Un equilibrio que ya existe en otros países.
En cuanto a la acción popular, efectivamente, al cambiarse todo el modelo de proceso penal también hay que resituar la acusación popular. La particular prácticamente sigue como hasta hoy. En nuestro país la acusación la pueden mantener el fiscal, que representa a los intereses generales de todos los españoles en la persecución del delito; la acusación particular, que suelen ser las víctimas, los ofendidos, de ese delito y también tenemos, porque así lo dispone la Constitución, la llamada acción popular.
En primer lugar, quiero desmentir que se vaya a suprimir; entre otras cosas, porque está en la Constitución; pero sí es cierto que, al regularse todo el estatus de la acusación en el proceso, también se regula esta figura y lo hacemos para racionalizarla. Efectivamente, el Anteproyecto de Ley determina, porque parece de sentido común, como en otros países, que, si el fiscal representa el interés general, no parece razonable que al lado del fiscal estén acusando las administraciones públicas, ni aquellos tipos de organizaciones o asociaciones que tienen relevancia constitucional, que representan también intereses generales, como son los sindicatos --artículos previstos expresamente en la Constitución-- o los partidos políticos --artículo 6 de la Constitución--.
Además de este elemento subjetivo, añade, efectivamente, uno objetivo, que me parece muy importante y que va a ayudar a un mejor ejercicio de esta figura de la acción popular mucho más razonable del que hemos tenido en algunas ocasiones; en manos, además, de los propios jueces. Lo que se dice en el Anteproyecto es que, si el fiscal --para entendernos-- no acusa ni las víctimas tampoco acusan, si el delito es un delito que protege un bien individual tampoco podrá hacerlo la acusación popular, puesto que no está en juego ningún tipo de interés general. Esto es el elemento de racionalización, entre otros muchos, que se establece desde el ámbito objetivo. Pero, insisto, forma parte de toda la reconfiguración que se realiza del proceso penal.
Portavoz.- En relación con la pregunta que había formulado, es verdad que se está siguiendo un proceso por distintos Juzgados en relación con lo acontecido relativo a los controladores aéreos. Yo respeto el proceso judicial. En todo caso, en relación al auto de Málaga, la Fiscalía ha anunciado que lo iba a recurrir.
Sobre la valoración que hace el Gobierno sobre la decisión que hemos adoptado de reformar la navegación aérea, hacer una reforma estructural importante, la considero muy positiva. Eso nos va a permitir rebajar los costes de navegación aérea en un 15 por 100, aunque este año ya se han rebajado en un 7,2 por 100; el único país de la Unión Europea que los ha rebajado, y nos ha permitido ahorrar ya 340 millones de euros sobre un total de 720 millones de euros en los costes de navegación aérea. Es decir, estamos hablando prácticamente del 50 por 100.
Esta reforma, con otras que también detallé el pasado Consejo de Ministros, nos va a permitir que la compañía AENA entre en beneficios cuatro años antes de lo previsto. Estaba previsto que lo hiciera en el año 2016 y lo va a hacer en el año 2012.
P.- Tenía un par de cuestiones para el ministro de Justicia. A raíz de lo que acaba de comentar de la llamada "pena de telediario", no me ha quedado claro el modelo por el que se ha optado porque, según el Anteproyecto, se hablaba de que no se podrán difundir imágenes ni la identidad de las personas que se están investigando. ¿Hay alguna diferencia entre si son personas con responsabilidades públicas o no? Decía que en otros países… No sé por qué modelo o por qué país se han inclinado en este momento.
Y, ya que le tenemos aquí y hablaba de compromisos del Gobierno, en el calendario legislativo había también la ley para elaborar los Consejos de Justicia de las Comunidades, en el plan del llamado "rescate del Estatut". Quería saber en qué punto se encuentra eso.
Sr. Caamaño.- Respecto del modelo de comunicación, la Ley sólo establece algunas pautas. Obviamente, el resto forma parte de los espacios de libertad y de comunicación propios de una sociedad democrática. Lo que ha intentado hacer es que haya una comunicación clara e igual desde la Administración de Justicia en la fase de investigación y en la fase de juzgar, para entendernos, por un portavoz autorizado, que dé una información objetiva, clara y transparente, y que al dar esa información, además, el fiscal que la tenga que dar o el juez que la tenga que dar, pondere los elementos que afectan a la presunción de inocencia, porque hay veces que se transmiten opiniones, o se filtran también a veces desde el sistema de justicia, de personas que están siendo investigadas, que ante la opinión pública aparecen como si ya fuesen culpables y ni tan siquiera existe una acusación formal contra ellas.
Eso afecta a la presunción de inocencia de todos los españoles, eso hay que cuidarlo y hoy no hay ninguna previsión legal que lo permita. Por eso nos hemos inspirado en soluciones similares a la francesa, o a la alemana, donde establecen sólo algunas normas elementales --tienen que serlo así, muy mínimas-- en cada fase del proceso a efectos de la comunicación. La Ley no pretende ser un reglamento ni va a solventar todos los problemas ni todas las situaciones que se puedan dar. Sólo quiere dar una pauta a los fiscales y a los jueces, al sistema de justicia, para hacer una comunicación más transparente, protegiendo al tiempo los intereses de los ciudadanos.
En cuanto al Proyecto de Ley Orgánica, que lo sería, de desarrollo de los Consejos de Justicia, nosotros estamos trabajando, efectivamente, en él, primero, porque hay un compromiso asumido y queremos cumplir todos nuestros compromisos como Gobierno, y, en segundo lugar, porque la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña --quiero recordarlo-- no declaró inconstitucionales los Consejos de Justicia, que están también en el Estatuto de Valencia y en el Estatuto de Illes Balears; es decir, en todos los Estatutos de Autonomía. Con independencia de quién gobernase en aquel momento en esa Comunidad Autónoma, hay Consejos de Justicia. Por tanto, habrá que hacer un desarrollo de los mismos. Evidentemente, aquí tenemos una tarea de búsqueda del consenso, que es, en algunos aspectos, más compleja que en otros ámbitos.
P.- Me gustaría saber, en relación al Real Decreto para los permisos de trabajo para los rumanos, cuál sería la vigencia, desde cuándo hasta cuándo se va a aplicar, y también las razones que van a presentar en la Comisión Europea para este Real Decreto, porque es una reactivación de la moratoria que hubo antes. ¿Por qué han elegido este momento? Entiendo que es por las necesidades del mercado de trabajo, pero el paro ya crece desde hace años en España.
Yo entiendo que, si quieren proteger a través de este Real Decreto a las posibles víctimas del abuso, me suena más a las competencias del Ministerio del Interior. No sé si me puede aclarar estas cosas.
Portavoz.- El Tratado de Adhesión de Rumanía a la Unión Europea estipuló que se podía establecer un período transitorio en cuanto al acceso de los ciudadanos rumanos al mercado de trabajo y lo fijó, para los Estados miembros, en el año 2014. El Gobierno de España consideró a finales de 2006, y de acuerdo siempre con el mercado de trabajo de nuestro país, flexibilizar esta condición y, por lo tanto, no pedir la autorización previa para venir a trabajar a España.
La realidad de hoy es que el mercado de trabajo no tiene nada que ver con el año 2007. Siempre hemos dicho que había que vincular la entrada con el mercado de trabajo y, en este sentido, lo que queremos es adoptar el mecanismo, hasta el año 2014, por el que aquellos rumanos que quieran venir a nuestro país a trabajar tienen que hacer un trámite previo, que es la autorización previa cuando decidan trabajar por cuenta ajena. En definitiva, es algo que en estos momentos está vigente en países como Reino Unido, como Italia, como Francia o como Alemania. Simplemente, en un contexto del mercado de trabajo distinto no podíamos admitir una mayor presión sobre nuestro mercado de trabajo, teniendo en cuenta, además, otra circunstancia: de los más de ochocientos mil rumanos que residen en nuestro país --en todo caso, esta norma no les afecta a ellos-- un 30 por 100 están en el desempleo.
Por tanto, entenderán que hay razones objetivas que tienen que ver con el mercado de trabajo, que son las que orientan la decisión que ha adoptado el Gobierno para evitar, reitero, una mayor presión sobre nuestro mercado de trabajo.
P.- Yo tenía una pregunta para el ministro de Justicia. En primer lugar, ya que estaba hablando del nuevo papel de los jueces y los fiscales, esta mañana se ha conocido que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Ruz que retire la imputación de los delitos a los tres altos cargos de Interior por colaboración con banda armada. Quería saber su opinión como ministro de Justicia, si considera que la imputación de ese delito es un exceso o si, por el contrario, se ajusta o tiene base jurídica.
Al portavoz del Gobierno, a don José Blanco, le quería preguntar sobre la dimisión de Camps, porque ustedes, desde el Partido Socialista y desde el Gobierno, la han pedido en numerosas ocasiones. Quería saber si ahora que se ha producido temen que se deje en evidencia una doble vara de medir del Partido Socialista y del Gobierno, ya que hay imputados en el "caso Faisán", por ejemplo, que continúan con puestos de responsabilidad en el Partido Socialista.
Sr. Caamaño.- Si el ministro Portavoz, como decía y señalaba con acierto, no entra a valorar decisiones judiciales, y menos desde esta mesa, evidentemente el ministro de Justicia tampoco lo va a hacer, por razones evidentes.
Hay un recurso, está planteado frente al auto del juez Ruz, lo han planteado las partes, la Fiscalía tomó la decisión que considera pertinente en Derecho y lo que hay que hacer ahora es esperar a que la Sala, el órgano competente, resuelva ese recurso. Por tanto, hay que dejar que la Justicia tome sus decisiones y, mientras tanto, no adelantar --como desgraciadamente en algunos contextos, no judiciales, sino políticos, se realiza-- elementos que pueden afectar a la presunción de inocencia de tres policías que han manifestado y acreditado su valía en la lucha contra el terrorismo en nuestro país.. Creo que es bueno esperar a que los jueces decidan.
Portavoz.- Sobre la pregunta, reitero ya la explicación que he manifestado en dos preguntas sobre este mismo asunto.
P.- En realidad, quizás interpretando sus respuestas anteriores, podría darme por satisfecha pero, por si acaso, prefiero que me lo aclare usted. Esta semana su antecesor en esa mesa, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que la Unión Europea se ha especializado en hacer las cosas a medias. Yo quería saber si esta última decisión del Eurogrupo entra también dentro de esa clasificación: si, de alguna manera, nos hemos quedado a mitad de camino o si, por el contrario, cree que de verdad es una solución que va a exorcizar todos los riesgos de inestabilidad financiera en el futuro.
Y, por supuesto, no le voy a pedir que me diga la fecha de las elecciones, pero sí quería saber si entra entre las consideraciones del Gobierno el que es conveniente aprovechar ventanas de oportunidad como ésta, que ha abierto el acuerdo del Eurogrupo, períodos relativamente largos de estabilidad financiera, para convocar unos comicios.
Portavoz.- Es curioso como a lo largo de las preguntas se planteó "¿pero este acuerdo va a seguir generando inestabilidad?" o se afirma ahora "como este acuerdo genera estabilidad"… Siempre hay diferentes prismas a la hora de observar el mismo acuerdo.
Sobre el tema electoral me he manifestado con toda claridad y sobre el debate que hay estos días me va a permitir una reflexión complementaria: en las elecciones no se decide sobre si crisis sí o si crisis no. Como hemos visto, en los países donde se celebraron elecciones (Reino Unido, Irlanda o Portugal), la crisis continúa y las consecuencias negativas para los ciudadanos, es decir, los sacrificios, son mayores que antes de las elecciones. Por tanto, podemos extraer alguna conclusión de lo que ha ocurrido en aquellos países donde se celebraron elecciones.
El presidente del Gobierno ha manifestado reiteradas veces su deseo de agotar el mandato y su deseo de cumplir con las reformas y con los compromisos de políticas que necesita en este momento España. Ayer se dio un paso muy importante y ayer hubo un avance estructural muy importante en la gobernanza económica de la Unión Europea. ¿Va a ser el último? No va a ser el último, pero el de ayer es importante.
Muchas gracias.
