El Gobierno aprueba medidas urgentes para reformar la negociación colectiva
Conferencia de prensa del vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, y del ministro de Trabajo, después de la reunión del Consejo de Ministros.
10/06/2011. Madrid.
Vicepresidente primero.- Buenas tardes. Quisiera empezar por decirles que el Gobierno ha concedido, a propuesta de la ministra de Cultura, la Orden de las Artes y las Letras a Jorge Semprún, a título póstumo. Como saben ustedes, porque la ministra lo había anunciado, era intención del Gobierno y de la ministra haberlo hecho antes de su fallecimiento y haberle entregado la medalla en París. Desgraciadamente, no ha podido ser y lo hemos hecho hoy a título póstumo, por razones que ustedes seguro que comprenden perfectamente.
Se trata de una persona de extraordinaria valía y coraje cívico; un intelectual de los pies a la cabeza; un excelente escritor, comprometido también con la política, que sufrió mucho y que decidió contarle sus sufrimientos al conjunto de la Humanidad, porque fue un escritor universal, para intentar que lo que a él le pasó no volviera a pasar nunca más. Por tanto, una persona magnífica. Y lo que sí me gustaría es aprovechar para recomendarles a los ciudadanos que lean sus libros, que los lean, porque están llenos de valores, de prácticas democráticas y de coraje cívico. Probablemente, ése es el mejor homenaje que se le puede rendir y el que, con toda seguridad, a él más le gustaría.
Hemos aprobado un Real Decreto Ley sobre medidas urgentes en relación con la negociación colectiva, que saben ustedes que estudiamos el viernes pasado. Lo hemos hecho hoy y el Ministro se lo comentará después con extensión.
Ya les dije el viernes pasado que íbamos a trabajar sobre la base un casi acuerdo que tenían los sindicatos y los empresarios, y así ha sido. Hemos reconstruido todos los elementos de acuerdo que había y los hemos trasladado al Real Decreto Ley. Al mismo tiempo hemos alcanzado, creo, un equilibrio sustantivo entre la flexibilidad necesaria para crear empleo y la seguridad que los trabajadores quieren y tienen en España y que deriva de la propia Constitución, que es donde está instalado el concepto mismo de negociación colectiva. Este equilibrio, repito, entre seguridad de quien trabaja y flexibilidad de quien da trabajo para poder crear empleo, todo ello mediante el acuerdo y el convenio, me parece que lo hemos alcanzando en un Real Decreto Ley, que creo que es serio y que es profundo; que al mismo tiempo introduce cambios sustantivos y que, repito, recoge sustancialmente los contenidos de un acuerdo que desgraciadamente, porque hubiera sido mejor que lo hubiera habido, no llegó a ver la luz.
Hemos aprobado definitivamente el Proyecto de Ley denominado de la "muerte digna"; es una expresión horrenda, pero ya está consagrada y la utilizo. Va ya definitivamente al Parlamento.
Hemos visto por primera vez un Proyecto de Ley de multipropiedad. Es la trasposición de una Directiva, que hemos estudiado y hemos remitido a los órganos asesores correspondientes.
Hemos aprobado la autorización para prorrogar la participación de nuestras tropas en Libia, autorización que reclamarán formalmente de las Cortes Generales las ministras de Asuntos Exteriores y de Defensa.
Y, finalmente, hemos aprobado la distribución de trescientos millones de euros a las Comunidades Autónomas para pagar la aplicación de la Ley de la Dependencia.
El resto de los acuerdos van en la Referencia del Consejo y, como siempre, si quieren alguna aclara aclaración, cuando acabe el ministro de Trabajo, estaré a su disposición.
Sr. Gómez.- En el día de hoy, en efecto, hemos aprobado el Real Decreto Ley de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva. Es un Real Decreto Ley que culmina en lo esencial prácticamente el conjunto de las reformas que el Gobierno emprendió durante los últimos meses en desarrollo de la reforma laboral aprobada por el Parlamento español en septiembre del año pasado.
Recordemos algunos de ellos. Primero pusimos en marcha un Real Decreto que regulaba las agencias privadas de colocación; esto lo hicimos en diciembre del pasado año. Unos días antes habíamos producido también un programa de reforzamiento de los servicios públicos de empleo con 1.500 nuevos promotores de empleo. Aprobamos el 3 de febrero, mediante acuerdo con los interlocutores sociales, un conjunto de medidas de reforma de nuestro sistema de pensiones, de reforma del conjunto de nuestras políticas activas de empleo y también un plan de choque para la emersión de empleo a tiempo parcial, sobre todo entre los jóvenes, entre los parados de larga duración. Y aprobamos inmediatamente después un nuevo plan de afloramiento de empleo sumergido.
Ahora lo que traemos es el resultado, en este caso, de la valoración que hace el Gobierno del proceso de negociación emprendido por los sindicatos y los empresarios durante estos prácticamente cuatro meses y medio desde que se produjo la firma del Acuerdo Social y Económico.
El Gobierno siempre ha insistido durante este tiempo en que prefería, aún a costa de agotar, de apurar, de consumar mucho más, el calendario previsto por la Ley, que esa reforma fuera una reforma pactada, una reforma acordada. Seguimos pensando que son esas reformas las que tienen más capacidad de influencia real en el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, muy especialmente en el ámbito de la negociación colectiva, porque son ellos, al final, empresarios y sindicatos, los que terminen aplicando las leyes en las empresas, en los sectores, en los grupos de empresas y en el conjunto de la economía de nuestro país.
Pero en esta ocasión, después de treinta años de existencia de un marco propio democrático de relaciones laborales, después de treinta años con algunas reformas, eso sí, reformas como las que se produjeron en los 90, pensábamos que era el momento también de que, en ausencia de ese acuerdo, se introdujeran nuevas reformas en nuestras instituciones laborales con dos objetivos.
El primero es dar más flexibilidad a las empresas. Uno de nuestros defectos en el funcionamiento económico de nuestras empresas son las dificultades que tienen para adaptarse a los cambios y al ciclo económico. Su abuso del despido en las crisis como figura para poder superarlas y la necesidad de que una economía sana tenga instituciones que estimulen mucho más esa capacidad de adaptación interna en los horarios, en los turnos, en el salario, en la jornada, en las clasificaciones y en la movilidad funcional, en todos los aspectos que configuran la vida del trabajo y de las empresas, sin apelar al despido; éste es el objetivo fundamental de la reforma y es un objetivo que trata de lograrse sin afectar en medida alguna a los grandes derechos de los trabajadores, a sus principales derechos, muy especialmente a la situación que se produce cuando un convenio colectivo deja de tener vigencia.
La reforma insiste en que, cuando un convenio colectivo deja de tener vigencia, los trabajadores afectados por él no pierden derechos. No verán, obviamente, revisados sus salarios hasta que no firmen un nuevo convenio, pero no pierden derecho alguno durante el período de renegociación del convenio. Dicho de otra forma, no se parte de cero cuando hay que renegociar un convenio; cuando hay que renegociarlo, el viejo convenio sigue vigente, salvo en el salario, que se mantiene constante, la mayoría del resto de las cláusulas son aplicativas y trabajadores y empresarios tienen que revisar sus convenios.
Se concede un plazo máximo para esa revisión: es un plazo de ocho meses cuando se trata de convenios que duran hasta dos años de vigencia y es un plazo de catorce meses cuando se trata de convenios que duran más de dos años. Durante todo ese proceso de tiempo, el convenio colectivo anterior, salvo, insisto, en los salarios, continúa vigente y, pasado ese tiempo, la Ley establece que, mientras que se produce un acuerdo para la revisión de los procedimientos de arbitraje, es decir, mientras que hay un acuerdo entre empresarios y trabajadores para fijar un arbitraje voluntario en la resolución de los desacuerdos que pudieran haber surgido, en ese caso la Ley establece que hasta ese momento habrá la posibilidad de someterse obligadamente a un arbitraje.
En lo esencial, éste es el planteamiento con esto que, con otras lecturas, con otras formas de hablar, llamamos ultraactividad. ¿Qué es lo que le pasa a un convenio cuando pierde su vigencia? Lo que le pasa es que los trabajadores no pierden derechos, tiene que haber un tiempo tasado para negociar el convenio y, si no se llega a un acuerdo en ese tiempo máximo, automáticamente entra en vigor el sometimiento a un procedimiento de arbitraje, que, al fin y al cabo, es que un tercero determine, arbitre, ponga orden, sobre los asuntos en los que no hay acuerdo entre la empresa y los trabajadores, entre el empresario y las organizaciones sindicales o los representantes legales de los trabajadores.
El segundo gran eje de la reforma es, como decía, lograr más flexibilidad interna en nuestras empresas. España es el país que tiene mayor capacidad de adaptación al ciclo a través del despido. Tiene un despido --lo hemos dicho en más de una ocasión-- muy sencillo y también, es cierto, seguramente un despido caro; caro en términos de fórmulas, de devengo. Pero es fácil despedir a los trabajadores y es, en cambio, difícil, demasiado difícil, adaptarse a las nuevas circunstancias económicas en cada momento.
La reforma insiste en que ésta es la vía por la que tienen que caminar la economía española y nuestras instituciones laborales. Pone, en primer lugar, como principal hito de la reforma el que el convenio de empresa tiene prioridad en su aplicación sobre los convenios colectivos provinciales. Éste es el principal nuevo elemento de la reforma de nuestra negociación colectiva, que se añade a otras dos grandes reformas en el capítulo, en el apartado, de la flexibilidad interna de nuestras empresas, reformas abordadas el año pasado, en junio de 2010.
Se añade a las cláusulas de descuelgue salarial, cuando una empresa atraviesa por dificultades, la posibilidad de no aplicar el régimen salarial vigente en cada momento, si hay acuerdo con sus trabajadores. Cuando también hay dificultades, la empresa también puede optar por modificar sustancialmente las condiciones, la jornada, los turnos y la movilidad funcional dentro de la empresa. Y ahora, en tercer lugar, tiene la posibilidad de negociar un convenio propio, con independencia de cuál sea el convenio provincial con el que con anterioridad se estuviera rigiendo.
Éste es, creo yo, el principal conjunto de reformas que, en el ámbito de la negociación colectiva, se han aplicado en España desde que existe, desde los últimos treinta años; estas tres reformas así configuradas: posibilidad de descuelgue salarial, posibilidad de modificación sustancial de las condiciones de trabajo en las empresas y posibilidad de que el convenio de empresa tenga prioridad sobre los convenios provinciales, que afectan --no hay que dejarlo de lado-- a algo más del 65 por 100 de los trabajadores del país.
Por consiguiente, el Gobierno es consciente de la trascendencia que en el ámbito de la flexibilidad interna de las empresas tiene esta reforma. Ha tratado de producir una reforma con equilibrio, como siempre, buscando esa vía intermedia que no modificara derechos de los trabajadores, pero que también afectara sustancialmente mejorando la capacidad de adaptación flexible de nuestras empresas de forma equilibrada.
Reforma profunda, sí, porque afectamos a uno de nuestros principales defectos en la estructura de nuestra negociación colectiva y es el excesivo peso de los convenios provinciales. Esto es siempre, en cualquier análisis que se haga desde dentro y desde fuera de la sociedad española, nuestro principal defecto aducido y éste es el defecto que trata de arreglar esta reforma: dejar de que tengan tanto peso los convenios provinciales, que ganen peso los convenios de empresa y que ganen también peso los convenios sectoriales de carácter estatal o autonómico, que son los que deben ordenar la estructura de la negociación colectiva en el conjunto de cada uno de los sectores productivos de nuestra economía.
En tercer lugar, la reforma, naturalmente, ha tratado --esto es algo que conviene, una vez más, destacar-- de partir de la situación en la que los interlocutores sociales dejaron esta negociación, finalmente concluida sin acuerdo. Fue una situación --se ha destacado por buena parte de ellos-- de proximidad al acuerdo, una proximidad no concretada en un texto. El Gobierno no ha recibido ningún texto de preacuerdo; el Gobierno ha tenido que seguir y colaborar al máximo en la producción de un acuerdo durante este tiempo.
Hemos seguido la negociación desde muy cerca, hemos colaborado en todo momento con los interlocutores sociales para lograr un gran acuerdo y, en su defecto, nunca hemos dejado de advertir que esta vez el Gobierno regularía y volvería a legislar regulando el Título tercero de nuestro Estatuto de los Trabajadores.. Esta vez hemos reiterado que, si la negociación no concluía con acuerdo, el Gobierno terminaría regulando y eso es lo que hacemos. Exactamente eso es lo que hacemos, cumpliendo con una palabra reiteradamente manifestada durante los últimos meses.
Ha concluido, pues, este proceso sin acuerdo y ha concluido, en función de lo que han aducido buena parte de los que han participado en la negociación, próximo a este acuerdo. Si embargo, los textos escritos dicen lo contrario; los textos escritos de los que el Gobierno ha dispuesto lo que manifiestan es una situación de cierta lejanía: los empresarios insistiendo en que es necesario eliminar la ultraactividad o insistiendo en que es necesario mucho mayor poder de decisión unilateral de los empresarios en las empresas, con independencia de que se negocie o no, o de la propia situación de los trabajadores, y el Gobierno no ha optado por ninguna de estas dos vías. También los sindicatos insistían en que había demasiada flexibilidad interna y nosotros hemos creído que había una insuficiente flexibilidad interna en las empresas. Y, por supuesto, los sindicatos han manifestado que la ultraactividad no debía desaparecer del conjunto de nuestras instituciones laborales.
La vía intermedia elegida por el Gobierno es una vía que insiste en ese equilibrio. No sabemos muy bien si ese principio de acuerdo se hubiera registrado de una forma parecida a lo que hacemos con esta regulación, con este Real Decreto Ley; pero estamos muy persuadidos de que el acuerdo que podría haberse alcanzado no hubiera estado muy lejos de esta norma que ahora les presento. Es una norma que contiene un equilibrio esencial, que no altera en lo fundamental el juego de equilibrio en nuestras instituciones laborales, que da flexibilidad con seguridad y que es especialmente necesaria para un país como España, que destruye mucho empleo, que no es capaz de adaptarse en sus empresas a las circunstancias por las que atraviesan en cada momento cuando se presentan crisis, y es una reforma que, inserta en el conjunto de reformas que hemos venido adoptando durante el último año, supondrá un cambio sustancial en nuestras relaciones laborales.
Si hace treinta años, cuando se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, alguien hubiera pensado que hoy, en el momento actual, los convenios de empresa podrían prevalecer sobre los convenios provinciales; si hubiera, como la hay, la posibilidad de descolgarse, con acuerdo de los trabajadores, de la aplicación del régimen salarial correspondiente en situaciones de crisis; si alguien hubiera pensado que era posible modificar sustancialmente las condiciones, los turnos, la jornada y el régimen de clasificación profesional, bastando con acuerdo de los trabajadores y la empresa o aplicando un procedimiento arbitral, con independencia de lo que dijera el resto del convenio colectivo aplicable en la empresa, cualquiera hubiera pensado que estamos, efectivamente, en un modelo absolutamente distinto del que pensaron los legisladores.
Ése es el modelo actual, un modelo que se basa en la tradición democrática del mundo del trabajo en buena parte de los principales países europeos; pero un modelo que reforma, en profundidad y equilibradamente, nuestras relaciones laborales en la empresa y en los sectores productivos, y que estoy seguro de que producirá un gran rendimiento, mejorando nuestras relaciones laborales durante los próximos años.
Ésta será una reforma con vocación de continuidad. Ojala que no tenga que durar treinta años, como duró la anterior, y ojala que tengamos un régimen de modificación de nuestras condiciones de trabajo mucho más flexible y, si es posible, con mucha mayor capacidad de entendimiento para reformarlo por parte de los interlocutores sociales.
P.- Vicepresidente, ¿por qué no va a acudir esta tarde al acto de Valencia, porque se ha dicho que tiene que ver con el movimiento del 15-M? Quería saber, en este sentido, si va a ir al que tiene programado en Barcelona y si el 15-M va a marcar su agenda como candidato. Y querría que contestara a esas críticas que han venido del Partido Popular, que, por un lado, le critican no desalojar Sol y luego le dice que se le ha ido la mano en Valencia.
Un último asunto, muy breve, porque hemos escuchado distintas versiones. ¿El Gobierno descarta o no acciones legales contra Alemania después de la crisis alimentaria?
Vicepresidente primero.- La misma versión, rectificada. Ha escuchado usted a un secretario de Estado que luego, por la tarde, dijo que no era exactamente lo que se le había entendido. Me remito a sus declaraciones.
Es un tema que estamos estudiando. ¿En qué fase estamos? Primero, aunque no tenemos confirmación oficial, ha habido una noticia de dos importantes laboratorios alemanes que parece que apuntan claramente a que el foco de la alarma, de la alerta, sanitaria que tenemos, de las infecciones que está habiendo, básicamente en Alemania, está en unos brotes de soja de una finca situada en una parte concreta de Alemania. Parece, repito, porque no tenemos confirmación oficial; pero sí quiero decir que, en todo caso, si fuera así, nosotros no tendríamos problemas, puesto que no consumimos soja importada de Alemania, sino básicamente el consumo español es producto español. Por tanto, no tendríamos ningún problema, como no venimos teniendo. En todo caso, tenemos las alertas sanitarias oportunas.
También sería una buena noticia, pienso, para el campo español y para la agricultura española saber de dónde proviene de una vez; pienso que despejaría incógnitas. Por tanto, de ser así, repito, ni tenemos por qué preocuparnos en materia sanitaria en España y más bien tenemos que alegrarnos por el campo español, que va a ver despejada una incógnita que está ahí, aunque es verdad que ya todo el mundo tiene claro que nosotros no tenemos nada que ver con esas crisis, como dijimos hace hoy quince días en esta misma mesa, veinticuatro horas después de la alerta de las autoridades de Hamburgo.
¿En qué fase estamos? Estamos estudiando todas las acciones posibles, porque hay acciones legales posibles en Alemania y también las hay ante la Comisión Europea. Estamos en eso, pero estamos, sobre todo, volcados en ver cómo resarcimos los daños de nuestro sector agrícola. En eso estamos.
Saben ustedes que conseguimos que se convocara un Consejo extraordinario de Ministros de Agricultura, se puso una cantidad encima de la mesa, dijimos "no", han ampliado la cantidad y estamos viéndolo con el sector. Estamos viendo un conjunto de medidas, estamos preparando las campañas para recuperar mercados y estamos viendo las medidas que hay que poner en marcha para resarcir a nuestros agricultores de las pérdidas que, sin duda, han sufrido por algo que no tiene nada que ver con su actividad, que es perfectamente legal, transparente y, en este caso, adaptada a las normas sanitarias.
Ésa es la situación en la que estamos en este momento; pero insisto en lo de Alemania, porque creo que sería una buena noticia en el doble sentido de que nosotros estamos a salvo y seguros, y que nos vendría bien que se supiera donde está el foco infeccioso de una vez. Pero, repito, no tenemos confirmación oficial, al menos hasta el momento en que he bajado a esta rueda de prensa. Eso es todo lo que está en relación con ese asunto y lo que estamos haciendo.
En relación con la primera cuestión, me llamó esta mañana Jorge Alarte y me dijo: "me parece más prudente aplazarlo". Pues bien, si a él le parece prudente, yo soy el más prudente del mundo. Así que aplazado queda.
Respecto al tema del 15-M, sí quiero decir una cosa con carácter general, que no es muy distinto de lo que vengo diciendo desde esta mesa a las múltiples veces que ustedes me han preguntado. Creo que la Policía ha tenido y está teniendo una actuación impecable y, cuando digo "impecable", me refiero a prudente, muy prudente, de no armar líos, sino al contrario, resolverlos. Ésa fue mi primera salida hace ya tres o cuatro semanas y creo que, desde entonces, si algo se puede decir de la Policía es que está siendo extremadamente prudente; yo diría extremadamente prudente e inteligente, como es siempre la Policía española.
Ahora bien, también le tengo que decir a todo el mundo que esa prudencia se transformará en firmeza si hay violencia. Si hay violencia, esa prudencia se transformará inmediatamente en firmeza, porque no vamos a consentir que haya violencia en ninguna manifestación en ningún sitio de España y no vamos a consentir que los derechos de los ciudadanos se vean menoscabados.
Por tanto, prudencia, prudencia y prudencia, que es, yo creo, una norma básica de la actuación policial, y firmeza si es que aparece la violencia. Eso sí quería decirlo con la misma claridad con la que siempre he defendido la actuación prudente de la Policía en esta materia.
Respecto a la crítica del PP, pues usted misma… Si pudiera contestar con sus palabras… Da igual, da lo mismo. Si haces, porque no haces; si no haces, porque haces. Da igual, no tengo mucho que decir. Hay críticas que se descalifican por sí mismas. Cuando le oí ayer, pensé: voy a llamar a todos los sitios; por favor, que le pongan mucho, que le pongan mucho.
P.- Yo quería insistir en el tema de Valencia, pero en otra faceta, que es en su faceta de candidato. Quería preguntarle, simplemente, si cree que está en condiciones de seguir de ministro del Interior, porque…
Vicepresidente primero.- De candidato ya hablo en los sitios que tengo que hablar.
P.- Yo le quería formular dos preguntas al ministro de Trabajo. Primera, me ha parecido oírle que decía que los convenios seguirán vigentes durante ocho a catorce meses una vez que éstos cumplan el plazo, y ayer mismo estábamos hablando de doce a dieciocho meses. No sé si eso es un cambio realmente.
La otra cuestión se refiere a los mercados financieros. Habían aguardado con mucha expectación esta reforma porque querían constatar, de alguna manera, si se desvinculaban los convenios salariales a la evolución de la inflación y se vinculaban más a la productividad. Yo no veo mucho de esto en el texto y no sé si nos podría decir algo al respecto.
Sr. Gómez.- Sobre la primera parte de su pregunta, ocho a catorce meses, sí, supone un cambio respecto de la primera versión. Hemos realizado consultas, como es lógico, aunque siempre de forma rápida. La negociación se rompió sólo hace unos días, hemos tenido que preparar el Real Decreto Ley en pocos días y hemos tenido tiempo también de realizar consultas, ayer y antes de ayer, con los interlocutores sociales, con los empresarios y con las organizaciones sindicales.
Hemos analizado la situación. Creemos que bastaría con ocho meses de renegociación de un convenio cuando peligra su vigencia, ocho meses máximo. Nada impide que sea en tres meses, o que sea en dos, o que sea en cuatro. Es decir, el convenio, si puede estar listo antes de ocho meses, mucho mejor. Ocho meses sería la duración máxima de la negociación si el convenio tiene una vigencia prevista de dos años y, si es de más de dos años, el período máximo serían catorce meses. Durante ese período siguen vigentes las cláusulas no salariales del convenio anterior, es decir, no hay una desprotección de los trabajadores, y a partir de ese momento es cuando entra el procedimiento de mediación y arbitraje, si es que no se ha llegado a acuerdos concretos.
Debo decir que España no es un buen ejemplo de muchos convenios que se bloquean y que permanecen sin llegar a acuerdos durante mucho tiempo. España ha tenido dos o tres ejemplos simbólicos, que hemos podido conocer durante estos meses. Uno de ellos es el de los trabajadores del control aéreo en España y en alguna ocasión ha pasado algo parecido con los pilotos o con los trabajadores de la estiba y desestiba en los puertos. Más allá de estos ejemplos no tenemos apenas ejemplos de negociación colectiva que dura años y años; pero hemos considerado conveniente que el plazo de tiempo sea éste, que nos parece un plazo de tiempo razonable.
Por otra parte, en caso de desacuerdo entraría directamente a funcionar el procedimiento de arbitraje. Habitualmente, los desacuerdos suelen ser puntuales. No son desacuerdos sobre los cuarenta, cincuenta o sesenta artículos de un convenio; son asuntos muy puntuales sobre los que merece la pena que, si no se llega a acuerdo, haya siempre un árbitro, un tercero, que solvente la disputa.
Sobre desvinculación de salarios e inflación me gusta responder de la siguiente forma a este tipo de preguntas: en ningún país libre, con economía libre, el Estado fija los salarios de los trabajadores del sector privado; en ningún país. La Ley no fija las condiciones salariales de los trabajadores del sector privado; ni la Ley ni el Gobierno. El Gobierno y la Ley fijan las condiciones salariales de los trabajadores del sector público y no de todos, sólo de los funcionarios públicos.
Por consiguiente, una estrategia de moderación salarial como la que necesita España, y en más de una ocasión lo he dicho, es una estrategia que debe ser persistente en el tiempo, porque tenemos importantes problemas que resolver; también problemas de competitividad y de adaptación a una economía que sólo tiene una moneda, y la adaptación de una economía como la española que ya no puede utilizar la devaluación como mecanismo de ajuste. Pero no es la Ley quien tiene que fijar los salarios de los trabajadores del sector privado; tienen que ser los acuerdos entre los interlocutores sociales, entre empresarios y sindicatos. Ése es el régimen del que se han dotado hace ya décadas las economías libres.
En España, en este momento en que está vigente, y también durante el año próximo, un acuerdo que fija la retribución de los trabajadores del sector privado --no la fija, la orienta--, que luego tiene que concretarse en los convenios, durante este año los salarios están creciendo y deben crecer a una tasa de alrededor del 1,5 por 100. Durante el año pasado crecieron por debajo del nivel de precios e hicieron también un esfuerzo importante, como el resto de los trabajadores, también de los trabajadores públicos. Pero siempre hemos pensado y seguiremos pensando que la Ley no es el instrumento para fijar las condiciones; esto tienen que hacerlo, y lo hacen habitualmente, empresas y trabajadores, empresarios y organizaciones sindicales cada cierto tiempo.
P.- Vicepresidente, mañana se constituyen la mayoría de los Ayuntamientos salidos de las urnas el 22 de mayo y quería pedirle su opinión sobre el hecho de que, finalmente, la ausencia de algunos pactos va a permitir la presencia de Bildu en alcaldías; alguna de ellas, significativa, y, por otro lado, sobre el hecho de la actitud de Izquierda Unida, que parece que va a permitir también que algunos Ayuntamientos estén gobernados por el Partido Popular y no por el PSOE.
Una segunda cuestión. ¿Qué opinión le merece la actitud del nuevo presidente de las Cortes Valencianas de colocar un crucifijo en la mesa presidencial ayer en constitución de las Cortes?
Vicepresidente primero.- De pactos poco voy a decir. No es la mesa ni el lugar. El Gobierno no pacta, es el partido. Lo único que me permitiré es una reflexión de carácter muy general. Sabe usted que en esto de los pactos hasta el final hay que estar atentos a la pantalla, así que vamos a esperar hasta mañana a que se constituyan para ver cómo se cierran finalmente, porque hasta el último minuto se mueven las fichas del tablero.
Sobre el tema de las Cortes no voy a dar ninguna opinión. Soy muy respetuoso con los símbolos religiosos que cada cual quiere colocar encima de la mesa, más allá de mis opiniones personales. Pero, institucionalmente, no voy a dar ninguna opinión.
P.- Para el ministro de Trabajo. Quería preguntarle si tienen alguna estimación de cómo puede afectar esta reforma a la evolución del empleo, a los indicadores de empleo, a corto plazo o, si no, a largo plazo y si no cree que puede tener una eficacia limitada, teniendo en cuenta que los agentes encargados de aplicarla no van a mostrar la mejor disposición, dado que no les gusta en principio.
Una segunda cuestión. En los conflictos de flexibilidad interna, ¿también hay plazos máximos de resolución?
Sr. Gómez,- La idea de reforma es una idea en la que predomina la necesidad de quitar asuntos a la jurisdicción social y dejarlos en manos de árbitros y de mediadores dotados. Hay buenos servicios de mediación y arbitraje en las Comunidades Autónomas, y también en el conjunto del Estado. Por consiguiente, es una reforma que tiene la pretensión de alterar muy sustancialmente la forma en que se resuelven los conflictos en España. Hay demasiados conflictos que llegan a la jurisdicción social y tiene que haber muchos más que se resuelvan mucho antes, en el arbitraje y en la mediación.
Ésta es la idea fundamental, más allá de la respuesta de los interlocutores sociales. Cuando hay un desacuerdo en una negociación y el Gobierno se ve obligado a legislar, y éste es el caso, y elige, como siempre, este Gobierno, como siempre ha elegido, esa vía del equilibrio y del rigor, es lógico que no haya una respuesta absolutamente favorable de unos y otros. Pero éste es el camino del equilibrio cuando no hay acuerdo. Siempre el mejor acuerdo es el que se firma pero, en su ausencia, la búsqueda de un territorio de equilibrio es siempre un bien y un bien apreciable.
Hubiera sido más sencillo para el Gobierno inclinarse por una de las dos partes. Ésta no es nuestra visión de las relaciones laborales; la visión es la de mantenimiento del equilibrio, porque se puede lograr equilibrio con eficiencia, porque puede haber reformas profundas de calado que no abandonen el territorio de la preservación de los derechos y de las capacidades de unos y otros.
Desde este punto de vista, nosotros creemos que en el medio plazo esta reforma será una reforma importante. Reducirá el papel del convenio colectivo provincial, aumentará el número de empresas que tienen convenio propio y, por consiguiente, desplazaremos mucho más al ámbito de la empresa la resolución de los conflictos, la capacidad de adaptación al ciclo, la forma en que cada una ve su manera de estar en los mercados y que no se lo arreglen desde, quizá, el sector provincial, que siempre se ha visto como un lugar, como una zona, gris de ineficacia en nuestras instituciones laborales, en nuestras empresas y en nuestra negociación colectiva.
Así es que lo que cabe esperar de futuro es que haya más convenios sectoriales estatales, sí, o autonómicos en algún caso, y que haya más convenios de empresa y más trabajadores afectados por el convenio de empresa. Durante los últimos veinte años el porcentaje de trabajadores afectados por convenio de empresa ha estado muy cerca siempre del 10 por 100 y no se ha movido. Esperemos que se mueva durante los próximos años.
Desde luego, lo que cabe esperar de esta reforma es también un menor uso del despido durante las crisis. Esto es lo que fundamentalmente el Gobierno espera. Lo que el Gobierno espera es que haya más capacidad de adaptación de las empresas sin apelar al despido; que se muevan los salarios cuando tengan que moverse porque hay una crisis o porque la empresa está especialmente afectada por un asunto que le pone en peligro su futuro; que se muevan las jornadas cuando es necesario si esto concede más capacidad de competición a la empresa en los mercados, etcétera. Que se mueva lo que hay dentro de la empresa y que no se muevan hacia fuera los trabajadores de la empresa, que es lo que está pasando en este momento en España.
P.- Varias cuestiones breves, si me permite, vicepresidente. A tenor de lo que ha dicho, en Valencia podríamos decir, irónicamente, que Rubalcaba no es capaz de garantizar la seguridad de Alfredo.
Por otra parte, quería preguntarle si está pensando en dimitir o no, si nos lo puede aclarar, porque el otro día en el Congreso dejó la puerta abierta a dejar en algún momento los cargos conforme avanza su nominación, ya cuasi oficial. ¿Está pensando en dimitir o no?
Ha dicho que la actitud de la Policía está siendo impecable con respecto a las protestas del 15-M, etcétera, y, sobre todo, que están garantizando los derechos de los ciudadanos. Hay otros derechos, que son los de los comerciantes, que, de hecho, han puesto ya una demanda de treinta millones de euros por los perjuicios que les está causando. ¿Que tiene que decir sobre estos otros derechos?
Vicepresidente primero.- Voy a repetir lo que he venido diciendo en estos días: la Policía tiene un criterio de actuación que es siempre el mismo, que es el de la prudencia y el de no crear un problema más grande para resolver un problema pequeño. Ése es el criterio y eso, a veces, obliga a tomar decisiones, sin duda, que son difíciles. Pero creo que, si algo se puede decir de la actuación de la Policía en estas casi tres semanas, es que ha sido prudente, mesurada y comedida. Así va a seguir siendo siempre, porque siempre ha sido así; al menos, mientras yo he sido ministro del Interior, siempre ha sido así.
Por tanto, ése es el mensaje que quiero transmitir a los ciudadanos. También quiero decir una segunda cosa: si hay violencia en la calle, la Policía actuará. Si hay violencia en la calle, la Policía va a transformar esa mesura en firmeza. Eso es lo segundo que quiero decir y me parece que todo el mundo sabe a lo que me estoy refiriendo.
Respecto al resto de los temas, no tengo ninguna novedad. Ya contesté la primera pregunta el lunes, cuando hice una rueda de prensa en Ferraz, y a partir de ahí he venido contestando lo mismo. No tengo nada nuevo que decir.
P.- Una aclaración al ministro de Trabajo. No me ha quedado muy claro si, hablando también para los casos de conflicto, para el arbitraje había un plazo determinado.
Por otra parte, los plazos de prolongación del convenio mientras se negocia ¿empezarían cuando el convenio se denuncia o cuando el convenio ha terminado su vigencia, porque ahí hay una horquilla de unos meses en algunos casos?
Por último, ¿con qué margen trabaja el Gobierno --me da igual que la responda el señor Pérez Rubalcaba o usted-- para la negociación parlamentaria, en el sentido de que, si se tramita como Proyecto de Ley, alcance una mayoría suficiente para ser aplicado en las mejores condiciones, ya que no ha sido con acuerdo social.
Sr. Gómez.- Respecto de la vigencia y de los plazos, los plazos de ocho a catorce meses, como máximo, contarían desde la finalización de la vigencia del convenio. Hay plazos mucho más pequeños, como es lógico, para el descuelgue salarial o para la modificación sustancial de condiciones de trabajo. Son plazos de días, son plazos de quince días, con remisión posterior a la comisión paritaria, en algún caso, y posterior resolución, en caso de desacuerdo, por los árbitros. Estamos hablando de meses cuando hablamos de renegociar un convenio entero y estamos hablando más bien de días o de dos semanas, como máximo, para la modificación de condiciones o el descuelgue salarial.
El Gobierno cree que tiene margen suficiente para aprobar en el Parlamento o convalidar este Real Decreto Ley; margen suficiente como lo tuvo cuando aprobó el resto del importante paquete de reformas sociales y laborales sobre los que ha girado su actuación en estos meses, y no creemos que éste sea una excepción.
Hemos abordado, finalmente, una reforma después de haber esperado, a veces con alguna crítica infundada, más de tres meses desde que venció el propio plazo legal en su día previsto, porque pensábamos que era bueno tratar de inducir al acuerdo. Sólo cuando los propios interlocutores han avanzado la imposibilidad de obtener acuerdo el Gobierno ha regulado y recuerdo que ha regulado sin abandonar el espacio de equilibrio, tratando de atender al mismo tiempo derechos y necesidades de las empresas, derechos de los trabajadores y flexibilidad para las empresas.
P.- Me gustaría que comentara el relevo de Carlos Ocaña al frente de Hacienda y su sustitución por López Carbajo, experto en financiación territorial. No sé si hay que interpretar este cambio como que el Gobierno quiere dar un impulso renovado al control de las cuentas autonómicas.
Vicepresidente primero.- No. Simplemente, el secretario de Estado había pedido su relevo hace algún tiempo y se ha producido ahora. No he sido el autor del nombramiento, pero le aseguro que no he oído, en ningún caso, que el perfil del sustituto tenga que ver con nada de eso. Es un técnico cualificado, una persona que lleva mucho tiempo en el equipo de Elena y nada más.
P.- Mi pregunta es para el ministro de Trabajo. Quería saber si en materia de flexibilidad interna han incluido algún otro cambio, como ha pasado con la ultraactividad de los convenios, y si las medidas de flexibilidad interna tan sólo se van a concentrar en ese porcentaje del 5 por 100 que dijeron.
Y quería saber si no han pensado en incluir alguna bolsa de horas, como sí se negoció en la mesa de diálogo social.
Sr. Gómez.- Las principales dificultades que tuvo la negociación en materia de flexibilidad interna no estuvieron tanto en las medidas en sí, sino en sus características. Yo creo que la dificultad más importante que tuvo la negociación sobre flexibilidad interna es que, en el documento final de CEOE, prácticamente todas las medidas propuestas, el paquete de medidas propuestas, eran medidas que se sometían exclusivamente al poder de decisión del empresario, no eran medidas de flexibilidad negociada.
En este caso incluimos también un porcentaje de mínimo del 5 por 100, en este caso, de distribución de la jornada irregular que puede perfectamente ampliarse, naturalmente, en los convenios colectivos. Ésta es también una de las claves de la reforma. Es bueno que las medidas de flexibilidad sean medidas que tengan un nivel de acogimiento importante, en el ámbito de las empresas, por parte de los trabajadores. Son medidas que en algunos casos, en algunos sectores productivos, están ya rindiendo frutos. Hay pocos sectores en Europa que tengan tanta flexibilidad interna a través de la creación bolsas de horas o de jornada de distribución irregular de la jornada como, por ejemplo, el automóvil español. Gracias a eso subsiste y subiste con buena capacidad competitiva, y gracias a eso seguimos siendo uno de los principales países exportadores y productores de automóviles del mundo.
Hemos planteado, por consiguiente, también una fórmula de distribución irregular de la jornada y una bolsa de hasta el 5 por 100 de uso de las empresas de esa jornada irregular; pero nada impide, insisto, que los convenios puedan ampliar esa distribución irregular de la jornada, siempre bajo la perspectiva del equilibrio y la negociación, del equilibrio y el acuerdo, y, cuando no haya acuerdo, el sometimiento de los desacuerdos a un tercero, a un árbitro. De ahí la importancia de que se desarrolle también la negociación en el futuro por parte de interlocutores sociales, de empresarios y sindicatos, para desarrollar mejor, sabiendo que obtendrán todo el apoyo de la Administración pública, los mecanismos de mediación y arbitraje, que no son nuevos en España, pero que hay que seguir impulsando claramente, porque ésta es una apuesta de esta reforma; apuesta en la que siempre han estado los interlocutores sociales.
No es sólo un invento del Gobierno, es una cultura que va a más, que ha ido creciendo en España y que, por parte del Gobierno, estamos dispuestos también, como es lógico, a apoyarlo y a apoyarlo intensamente para que se desarrolle a nivel de Estado y a nivel de Comunidad Autónoma.
P.- Vicepresidente, esta semana se ha hablado mucho de las finanzas de las Comunidades Autónomas y España ha vuelto a recibir un castigo de los mercados; pero yo le quería preguntar, sobre todo, por la piedra que ha lanzado CiU al afirmar que el sistema sanitario español es insostenible. Quería saber si el Gobierno comparte en todo o en parte este análisis, o si, por el contrario, descarta por completo un pacto de Estado para repensar el sistema.
Ha hablado usted de prudencia. La prudencia es el principio que se aplica para evitar un mal mayor, también lo ha dicho usted, y quería saber qué problema cree usted que habría causado su visita a Valencia.
Y, si me permite, aunque sé que le incomoda este tema, ¿siente su libertad coaccionada por los protestantes del 15-M?
Vicepresidente primero.- Respecto a la primera cuestión, es verdad que hemos tenido durante el fin de semana pasado una que vamos a llamar polémica poco edificante en relación con las finanzas de alguna Comunidad Autónoma. Creo que, en conjunto, es, repito, poco edificante, que se basa más en "lo que me han dicho", "en lo que he oído" o "en lo que creo" que en ninguna cuenta pública auditada y estudiada, y que, además, no conduce a nada más que, ciertamente, a poner en duda unas cuentas públicas, las españolas, que están, éstas sí que sí, auditadas aquí y en Bruselas.
Esa polémica parece que se va ir reconduciendo gracias al buen sentido común de unos y de otros. No será el Gobierno quien la aliente y, por tanto, yo lo que pido es eso: sensatez y calma. Si hay que discutir algo, hay instituciones, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde hay que hacerlo, y remitirme a ello. Ahí me quedo, porque pienso que es lo mejor que podemos hacer.
¿Que se quiere hablar de la sanidad? Se habla de la sanidad. ¿De la educación? De la educación. ¿De las pensiones? El Gobierno siempre ha estado dispuesto a hablar de todo. Sabe usted que hemos buscado incluso Pactos de Estado denodadamente, como el educativo, al que dedicó el ministro de Educación una buena parte de unos cuantos meses, creo recordar; que estuvo también, como el de los empresarios y el de los sindicatos, a un cuarto de hora; que al final no se pudo firmar y que, por cierto, debo decir que se está aplicando porque, aunque no se firmó a nivel de los grandes partidos, las Comunidades Autónomas, con independencia de su color político, lo están aplicando, señal de que era un buen acuerdo.
Ése es un buen ejemplo de hasta qué punto el Gobierno está bien interesado en discutir todo lo que sea necesario discutir y en alcanzar pactos y acuerdos, ¡faltaría más!, pero con sensatez y hablando de lo que realmente es la realidad de los números y no de aquello que "me han dicho por la tarde en un café" o que "he oído de un amigo" y, además, para poner en cuestión algo tan importante como son las cuentas públicas.
Respecto al segundo tema, la respuesta es "no". No me siento coartado, en absoluto, en mi libertad. Ni ahora ni nunca, fíjese. Alguna vez hace mucho tiempo, pero ya se me ha olvidado.
P.- Vicepresidente, yo quería que nos hiciera una valoración de la encuesta del CIS que salió ayer, de esa percepción que tienen los ciudadanos de que los políticos son el tercer problema de nuestra sociedad, después del paro y la situación económica; es decir, que es histórica esa percepción por parte de los ciudadanos desde que sale el CIS.
En este sentido, aunque usted ha dicho que es verdad que ha mejorado el clima después de esa polémica poco edificante sobre las cuentas públicas, es verdad que entre el Partido Popular y el Partido Socialista sigue habiendo bronca a cuenta del 15-M o a cuenta de lo que sea, quería preguntarle si los ciudadanos pueden sentir esa bronca como parte del problema. En ese sentido, si me permite, ¿va a poder aguantar el Gobierno hasta marzo con un clima que parece poco edificante --si me permite utilizar su misma expresión-- de aquí a marzo? Porque la cohabitación va a ser difícil entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno central, ¿no tienen pensado un adelanto electoral, como ya se rumorea, para noviembre?
Vicepresidente primero.- El clima no es nuevo, no es de ayer ni de antes de ayer, desgraciadamente, y tiene que ver, en parte, con la primera pregunta que me hacía usted.
Le voy a contar una anécdota, no daré los nombres, pero me acordaba de ella cuando he oído la segunda parte de su pregunta, que en realidad ha sido una derivada de la primera o una interpretación de la primera. Hace algo más de un año yo tuve una conversación, de las muchas que tenemos en el Congreso de los Diputados, con un grupo de diputados del PP --me acuerdo de que era una tarde, hace un año o así, porque hacía buen tiempo y estábamos fuera--, con tres o cuatro diputados de los que compartimos ya algunos años y les dije algo así como lo siguiente --salíamos de una sesión bronca en el Congreso, que, además, creo que me la habían dedicado a mí--: mi opinión personal es que, cuando un país está en crisis y los ciudadanos tienen problemas como los serios que tienen los españoles, por ejemplo, de empleo, sobre todo de empleo, y ven a los grandes partidos todo el día dándose y dándose, el resultado final es que la gente se aleja de la política. Se aleja y empieza a pensar que unos políticos que no resuelven sus problemas y que no hablan de sus problemas son unos políticos que no merecen su confianza.
Eso es lo que les dije hace un año, eso es lo que pienso que está en el fondo de esa pregunta y de eso es de lo que yo tomo nota todos los días en estas ruedas de prensa muchas veces.
P.- (Inaudible)
Vicepresidente primero.- ¡Cómo les gusta a ustedes preguntarme cosas que saben que no les voy a contestar! Porque, además, no tiene sentido. Hay preguntas que no tienen sentido. Y que conste que en algunos casos me muerdo la lengua. Durante tres semanas he contestado invariablemente a la pregunta de: ¿va usted a desalojar? No lo pensaba hacer y saben que todo el tiempo es: prudencia, prudencia y prudencia; pero pensaba: imagínense ustedes que pensamos desalojar. ¿A alguien se le ocurriría contarlo veinticuatro horas antes? ¿Por qué me lo preguntan, si es tan evidente? No lo voy a hacer; no lo he hecho y, además, creo profundamente en lo que está haciendo la Policía, es su criterio y creo que….
Cuando un joven va a la calle, sale y va a pedir que le escuchen y participar, lo último que puede recibir del Estado es un porrazo. Eso lo creo profundamente y eso lo cree también la Policía, que cree que un problema no se arregla creando mil. Eso me parece que es así. Otra cosa distinta es que haya violencia. Si alguien ejerce la violencia, en ese momento la Policía tiene que actuar; pero lo otro me parece que debe ser así.
Le pongo eso de ejemplo: pregunta con respuesta imposible. Y fíjese en que, a veces, he pensado decirlo, pero digo: claro, si lo digo, alguien pensará "¡Ah!, lo tiene pensado". Aclaro a todos que no. Pero, dicho esto, no me hagan preguntas imposibles, como ese libro de objetos imposibles, de cafeteras que se les da la vuelta y sale por otro lado. ¿Vale?
P.- Tengo varias preguntas para usted. En primer lugar, ¿contempla el Ministerio del Interior resarcir las pérdidas de los comerciantes de Sol, como ellos mismos le han pedido, o qué respuesta les va a dar, al menos?
En segundo lugar, ¿cree usted haber vivido el primer caso de incompatibilidades entre sus cargos, con la petición de los socialistas valencianos de que no fuera a Valencia esta tarde? ¿Este episodio puede pesar en su decisión o en acelerar posibles decisiones?
Y tres, en el mismo sentido, ¿contempla usted la posibilidad de ser Ministro del Interior hasta el mismo día de las elecciones, teniendo en cuenta que, en calidad de tal, le tocará organizar el proceso?
Vicepresidente primero.- Rápidamente. ¿Resarcir pérdidas? Lo estamos estudiando. Ya le digo que hay mucha jurisprudencia al respecto que dice que no; pero, en todo caso, no me niego nunca a estudiar nada de lo que llega a mi Ministerio y éste es el caso. La jurisprudencia es clara, lo vamos a estudiar, pero no quiero abrir puertas o falsas expectativas a nadie.
La segunda respuesta es no; taxativamente, no. El Ministro del Interior tiene muchas restricciones y las llevo muy bien. Las he llevado muy bien durante cinco años y, por tanto, no tengo ninguna sensación.
Y la última es una obviedad. El candidato no puede ser el ministro que organice las elecciones. Es tan obvio que le agradezco la pregunta por si alguien hubiera pensado que iba a dar yo los resultados electorales como ministro del Interior al candidato. Como estoy seguro de que nadie lo ha pensado, por si acaso alguien lo ha pensado, porque dicen cosas tan raras, le agradezco muchísimo la pregunta.
P.- Mis preguntas son para el señor Gómez y una, para el señor Pérez Rubalcaba. Quería saber si nos podría precisar si la Ley habla de elegir mediación o arbitraje, porque tengo entendido que, al ser obligatorio, el arbitraje es vinculante, y, entonces, qué grado de decisiones vinculantes van a tener los sistemas de arbitraje, tanto en la ultraactividad, como en las modificaciones sustanciales de trabajo.
Luego, ¿han quedado desechadas por completo las medidas sobre absentismo y adecuación de cuotas por contingencias profesionales, dado que había un principio de acuerdo? No sé si se va a trasladar a través de enmiendas a la Ley de Seguridad Social o no, o queda completamente desechado, y por qué, si es así.
En tercer lugar, al señor Pérez Rubalcaba quería preguntarle si la señora Salgado ha llevado al Consejo de Ministros o se ha hablado sobre alguna variación sobre la fiscalidad del tabaco ante la guerra de precios que hay ahora.
Sr. Gómez.- Quiero aprovechar también la pregunta para indicarles que también el Consejo de Ministros ha aprobado también hoy el Real Decreto que regula el reglamento de expedientes de regulación de empleo; Real Decreto que estaba pendiente de informes del Consejo de Estado, que lo ha informado favorablemente, y hemos traído también en el mismo paquete de medidas este reglamento que tiene rango de Real Decreto, no de Real Decreto Ley como el que ahora estamos discutiendo y del que estamos informando.
En cuanto a mediación y el arbitraje, lo que hacemos es que, en el caso de lo que ocurre cuando se consume el plazo de negociación del convenio y no se ha llegado a acuerdos, exactamente lo que se establece es el sometimiento a un procedimiento de arbitraje y en el resto de los temas hay una remisión sin más a un procedimiento extrajudicial de solución de conflictos. Es un conjunto de palabras no demasiado conocidas, pero lo que vienen a decir es que se puede articular bien a través de la mediación o bien a través del arbitraje.
En el caso de que estemos en presencia de una situación que se produce sin que todavía exista un procedimiento acordado de arbitraje o de mediación voluntaria --sería muy importante que hubiera un acuerdo interconfederal para que los interlocutores sociales decidieran someter este conjunto de asuntos al arbitraje y a la mediación--, lo que establece el Real Decreto Ley es que, mientras que eso no ocurra, después del período de tiempo de negociación obligadamente las partes se someterán a un arbitraje.
Esto es lo que dice la norma, digamos, como fórmula transitoria hasta que exista ese acuerdo en el que también se recojan este conjunto de materias de flexibilidad interna, de adaptación de modificación de condiciones y también de qué es lo que ocurre ahora cuando se negocia un convenio y no se obtienen acuerdos; mientras que ese procedimiento no exista en el caso de la renegociación del convenio, entonces el arbitraje deberá ser obligado en este caso para las partes.
El absentismo formaba parte de un conjunto de acuerdos que, en este caso a iniciativa de CEOE, pero sin ninguna dificultad de inclusión en la agenda ni por parte del Gobierno, ni por parte de los interlocutores sociales, acompañaban a la negociación de la reforma de los convenios colectivos en España. Hubo relativamente un acuerdo e, incluso, un acuerdo prácticamente escrito; no era un texto articulado, pero sí era un acuerdo sobre el funcionamiento de las mutuas y el absentismo.
Por parte del Gobierno no tiene que existir dificultad para que buena parte de esas medidas de absentismo puedan incorporarse a la Ley futura durante el trámite parlamentario. Hemos hablado en reiteradas ocasiones con los interlocutores sociales a ese respecto y yo no creo que ni sindicatos, ni empresarios, tengan tampoco dificultades en esa materia, que es una materia importante.
España, debo aclararlo, no está entre los países que más absentismo tienen; pero esto no significa que el absentismo no sea un problema en España. Es necesario reducirlo. Hay algunas medidas que fueron analizadas entonces y sobre las que obtuvimos acuerdo que puede contribuir a ello. Por parte del Gobierno no habrá ninguna dificultad en incorporarlas durante el trámite parlamentario. Aunque no son medidas, digamos, de reforma de la negociación colectiva, pueden ser incluidas dentro de la Ley, modificando los aspectos concretos, bien reglamentarios, bien legales, que sean necesarios; pero no son medidas que correspondan a la reforma del Título tercero del Estatuto de los Trabajadores.
Vicepresidente primero.- No, la respuesta es "no". Ha habido un largo debate en el Consejo sobre la ultraactividad, muy ilustrativo por cierto; pero sobre eso, no. El Ministro ha dado una lección magistral sobre la ultraactividad de la que todo el mundo habla y que casi nadie entiende. Ya la propia palabra es cierto que es complicada.
P.- Vicepresidente, yo quería saber si usted le pidió en secreto a Joan Rosell sus propuestas sobre la negociación colectiva, como se publica hoy.
Luego, sobre el movimiento de los indignados, hoy han irrumpido en la sede de la CEOE y mañana amenazan con acudir a la constitución de los Ayuntamientos. Ha habido varios heridos y usted ha defendido a la Policía y a su actitud impecable. Yo quiero saber si cree usted que al movimiento de los indignados se les está yendo la mano.
En último lugar, usted siempre ha descartado de forma rotunda un adelanto electoral. No entiendo porque hoy no lo puede hacer.
Vicepresidente primero.- Menos mal que me lo ha preguntado, no vaya a ser que usted fuera a titular que el no contestar la pregunta es no lo quiero hacer. O sea, le agradezco muchísimo la pregunta. La respuesta es la de siempre y a partir de ahora me cuidaré para evitar ese tipo de interpretaciones.
La segunda pregunta no debo ser yo quien la conteste, pero sí creo que las cosas tienen que quedar claras. Las manifestaciones pacíficas y que no son ilegales, esas manifestaciones la Policía las trata de manera impecable, moderada y, lo he dicho antes, prudente. Cuando hay violencia, la Policía tiene que actuar y eso es así. Ése es el Estado de Derecho y pienso que la inmensa mayoría de la gente que estos días ha salido a la calle lo que pedía es otra cosa: es participación, son cambios y que se les escuche. Todo eso está muy bien y en democracia hay que respetarlo. Si hay alguna gente que quiere hacer otras cosas, se encontrará con la Ley y con la Policía. Es así y así debe ser.
Aprovecho para desmentirle: no he hablado con el señor Rosell. Me parece que hace tres semanas que no hablo con él. Por cierto, le llamé al final del Consejo de Ministros para contarle un poco las cosas que habíamos aprobado, pero no le he encontrado porque estaba volando. Pero no hablé ni ayer, ni antesdeayer, ni en secreto, ni en público, ni en privado, ni mediopensionista. Nada, nada de nada.
P.- Me ha dado pie el señor Ministro de Trabajo cuando ha dicho que han aprobado ustedes también el Reglamento de desarrollo de los ERE. Quería saber entonces, Ministro, con el poco tiempo de que disponemos, si puede explicarnos con claridad cómo ha quedado el despido por causas objetivas famoso.
Sr. Gómez.- La única materia objeto de controversia era ese término tan difícil de qué es lo que ocurre cuando una empresa tiene pérdidas previstas, que era la redacción que tenía la reforma laboral.
Después de oír al Consejo de Estado, lo que dice el Reglamento es que en ese caso es exigible un informe sobre los datos en los que se basa la previsión de pérdidas y la obligación del empresario --dice el informe del Consejo de Estado y así es como lo hemos incorporado al texto-- de justificar el volumen y el carácter permanente o transitorio de las pérdidas. ¿A efectos de qué? A efectos de justificar si es razonable o no tomar la decisión de extinguir los contratos.
Es una matización importante, entra dentro de lo que es lo razonable, que es distinguir si estamos en presencia de pérdidas transitorias o que son pérdidas que pueden ser permanentes y amenazar por consiguiente la viabilidad de la empresa; pero no es un cambio, insisto, trascendental en la forma de enfocar lo que en su día habíamos hablado. Nosotros habíamos hablado de pérdidas coyunturales y el Consejo de Estado habla de situación transitoria.
Es importante la precisión y siempre es importante el derecho a este tipo de precisiones; pero lo importante es, como siempre, el tratar de utilizar adecuadamente los medios que la Ley pone a disposición de las empresas. Si estamos en presencia de una pérdida transitoria, a lo mejor la medida más razonable no es el despido, pero también puede serlo, por qué no, si efectivamente es de la insuficiente intensidad. Pero la idea general que siempre ha presidido este tipo de norma por parte del Gobierno es el tratar de utilizar lo menos posible la decisión de extinguir el contrato, de despedir, y tratar de que, cuando las pérdidas sean transitorias, lo que se utilice sean los ajustes de jornada, las reducciones, la apelación a la suspensión temporal de la jornada o jornadas a tiempo parcial con apoyo del sistema de protección por desempleo, que es el modelo alemán.
Estamos en presencia de ese tipo de medidas más fomentadoras de la flexibilidad que del despido. También en este caso ésa es la filosofía.
Vicepresidente primero.- Muchas gracias.
