MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
Intervención del Ministro de la Presidencia para la solicitud de autorización de la prórroga del estado de alarma
16/12/2010. Madrid.
Señor Presidente, Señorías,
Comparezco para presentar el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el martes pasado por el que se solicita la autorización de la Cámara para la prórroga del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre.
La tarde del viernes tres de diciembre se produjo en España un hecho de extrema gravedad. Los controladores aéreos abandonaron coordinada y masivamente sus puestos de trabajo produciendo el cierre del espacio aéreo, el colapso en los aeropuertos y dejando en tierra a cientos de miles de pasajeros nacionales y extranjeros
El Gobierno agotó todas sus posibilidades de acción para devolver el tráfico aéreo a la normalidad. Hizo repetidas llamadas al cumplimiento de sus obligaciones dirigidas a los controladores y haciendo uso de las medidas previstas en el Real Decreto ley, aprobado ese mismo día, encomendó al Ministerio de Defensa las facultades de dirección del servicio de control del tránsito aéreo.
En la madrugada del día cuatro de diciembre todas estas medidas no habían devuelto la normalidad a los aeropuertos. Por ello, se decidió hacer uso de la posibilidad que establece el artículo 116 de la Constitución Española y, tras celebrar el sábado 4 un Consejo de Ministros extraordinario, aprobó el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo, que se publicó inmediatamente en el BOE. De ello se informó inmediatamente al Congreso de los diputados, tal y como establece la Constitución.
Poco después compareció el Presidente del Gobierno para informar de las razones que habían justificado la declaración del estado de alarma. En dicha comparecencia esta Cámara apoyó mayoritariamente la actuación del Gobierno, más allá de algunas críticas y de distintos matices de los grupos parlamentarios.
.
Antes de que venciera el plazo constitucional de 15 días y a la vista de la información facilitada por los Ministerios de Defensa y de Fomento, el Consejo de Ministros se reunió de forma extraordinaria el pasado martes y acordó solicitar de esta Cámara una prórroga de la declaración del estado de alarma hasta el 15 de enero.
¿Cuáles son las razones que han motivado esta petición?
Las mismas que llevaron al Gobierno a declarar el estado de alarma le llevan ahora a solicitar su prorroga tal y como prevé la Constitución.
Esto es así porque algunas de las circunstancias que generaron la declaración de estado de alarma aún no han sido superadas. Persisten problemas que no han podido ser resueltos todavía y la recuperación de la normalidad de la navegación aérea ni es total ni está plenamente garantizada.
El Gobierno ha constatado además, que subsisten suficientes elementos de continuidad con la situación original que motivó la declaración del estado de alarma, como para hacer necesaria la prolongación hasta el próximo 15 de enero de las medidas establecidas en dicha declaración.
Tengan ustedes en cuenta que hay abiertas diligencias en diferentes fiscalías para investigar los hechos ocurridos la tarde del día 3 y la noche y mañana del día 4 de diciembre por ser los mismos presuntamente constitutivos de delito de sedición previsto y penado en la Ley Penal y procesal de la navegación aérea; se están incoando expedientes administrativos – sancionadores y se han abierto expedientes disciplinarios – laborales por AENA a todos los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo. Todas estas actuaciones son esenciales para depurar y sancionar las conductas ilícitas de los controladores.
Es evidente además que la sociedad no ha recuperado una percepción de normalidad del tráfico aéreo y que persisten igualmente incertidumbres sobre el próximo futuro. Es una inquietud que comparten tanto los ciudadanos como los representantes de los sectores vinculados a la navegación aérea.
Es obligación del Gobierno garantizar la normalidad del tráfico aéreo, mientras subsistan las causas subyacentes que provocaron el chantaje, sobre todo en días tan sensibles para los ciudadanos y la economía como los actuales.
Señorías: Hoy no se puede afirmar que el funcionamiento del sistema aeroportuario sea idéntico al de situaciones de normalidad anteriores. La complejidad de la organización del espacio aéreo, tanto en España como en el resto de Europa, se ha visto tan radicalmente alterada por los hechos acaecidos el 3 y 4 de diciembre, que está exigiendo y exigirá todavía durante semanas, un esfuerzo considerable de normalización y aseguramiento potencial de la navegación aérea en nuestro país.
El carácter neurálgico de los aeropuertos en cualquier sociedad avanzada, se incrementa en mayor medida si, como es el caso de España, somos un destino turístico preferido para millones de ciudadanos de otros países, especialmente en el mes de diciembre.
En nuestro caso, los riesgos se multiplican y una situación semejante a la sufrida a primeros de diciembre sería realmente catastrófica. Tengan en cuenta que 3 de cada 4 turistas, unos cuarenta millones de personas cada año, llegan a España a través de nuestros aeropuertos. Es más, en destinos como las Islas Baleares y Canarias el transporte aéreo constituye la principal vía de comunicación. Para Canarias, en concreto, la seguridad de los vuelos en estos días es, sencillamente, VITAL.
Pero, además, el sector aéreo español es clave para el sector aéreo mundial; el Aeropuerto de Madrid – Barajas se ha convertido en un enlace estratégico para las conexiones entre Europa y América latina y el Prat en Barcelona desempeña un papel similar en cuanto al tráfico procedente del Mediterráneo.
Quiero insistir en esta certeza: Las consecuencias que tendría una situación siquiera similar a las del pasado 3 de diciembre serían demoledoras.
Todos debemos saber que en el período de la prórroga que hoy solicita el Gobierno al Parlamento, se van a operar más de 100.000 vuelos con más de 3´5 millones de viajeros. De ellos, en torno a 2´5 millones serán pasajeros de vuelos internacionales. El coste-riesgo para el sector turístico sería de miles de millones de euros, incidiendo además de manera muy negativa en el la situación de los más de 440.000 empleados que trabajan en el sector aéreo en nuestro país.
No solo es ya, por importante que esto sea, el drama de cientos de miles de personas bloqueadas en nuestros aeropuertos, sometidas a los enormes perjuicios que ello conlleva y privados de su derecho a la libre circulación, sino que, para mayor gravedad, un sector esencial de nuestra economía como el turístico se vería afectado de manera extremadamente grave comprometiendo su propio futuro y el de los cientos de miles de trabajadores que lo integran.
Comprenderán, con este somero repaso, que el Gobierno haya evaluado de manera exigente las condiciones existentes actualmente y haya concluido en la prorroga del Real Decreto. La simple incertidumbre representa un coste inasumible para el país.
En definitiva, Señorías
La Declaración del Estado de Alarma fue necesaria el 4 de diciembre. Fue la única medida que podía resolver el sabotaje que sufrimos. No había otra que asegurara la vuelta al trabajo de los controladores. Y fue eficaz.
La Prórroga del Estado de alarma es necesaria para recuperar la plena normalidad en el tráfico aéreo; y para garantizar la libre circulación de las personas y su derecho a viajar en unas fechas especialmente sensibles desde el punto de vista humano y económico para los españoles.
Quiero hacer ahora dos precisiones sobre el contenido y significado de la prórroga y sobre su cobertura constitucional.
La solicitud de autorización de la prórroga se pide con idéntico contenido al que tuvo la declaración del Estado de Alarma del día 4, dado que es el mínimo indispensable para que la normalidad del servicio de control de tráfico aéreo se pueda restablecer de forma definitiva.
La prórroga que hoy se solicita no es una nueva declaración de Alarma sino el mantenimiento de las mismas medidas adoptadas el 4 de diciembre. Exactamente las mismas. Ni una más, ni una menos para que se pueda garantizar la prestación del servicio aéreo.
El gobierno ha sido cuidadoso y prudente en las medidas aplicadas. La utilización del instrumento del estado de alarma y la solicitud de su prorroga son proporcionales a la gravedad de los hechos y las medidas dispuestas, limitadas a lo estrictamente imprescindible en su alcance.
En efecto, su ámbito de aplicación queda limitado a las torres de control de los aeropuertos de la red y a los centros de control gestionados por AENA y afecta únicamente a los controladores civiles de tránsito aéreo al servicio de AENA, que han pasado a estar movilizados.
Por lo tanto, con las medidas del estado de alarma los derechos fundamentales de los españoles no resultan afectados en absoluto . Al contrario, resulta reforzada la garantía de la libertad de circulación. Y tampoco resultan menoscabados los derechos del colectivo de los controladores aéreos civiles.
Porque lo que significa la Alarma es que los controladores están ahora sometidos a la obediencia de la autoridad militar. Ellos siguen siendo personal civil. Ellos siguen siendo personal que trabaja para la empresa AENA. Es más, todos sus derechos siguen intactos, incluidos los de libertad sindical y negociación colectiva, y, por supuesto, el de libertad de expresión, como podemos comprobar estos días en los medios de comunicación y en la actividad continuada de sus representantes sindicales.
Llamo de nuevo la atención sobre el dato de que es la declaración del estado de alarma y su aplicación proporcionada, lo que ha garantizado, y continuará haciéndolo, el pleno ejercicio y disfrute de los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente de su libertad de circulación.
En definitiva Señorías, la prorroga significa que algo más de 2.000 controladores están movilizados para que 47 millones de españoles no vean perturbados gravemente sus Derechos la economía de nuestro país no se vea gravemente afectada y para que España cumpla sus compromisos en el tráfico aéreo internacional.
En cuanto a la cobertura constitucional, el Gobierno ha podido declarar el estado de alarma y solicitar ahora su prórroga a esta Cámara, porque la Constitución y las leyes le apoderan para tomar esta medida cuando concurran circunstancias extraordinarias. No hay que olvidar que la Constitución ha previsto los estados excepcionales como una forma de defensa del propio orden constitucional y de la legalidad vigente. El Gobierno ha cumplido escrupulosamente con todos los trámites que la ley requiere.
Es erróneo presentar la vigencia del estado de alarma como una situación de anormalidad constitucional. El Gobierno actúa dentro de la Constitución. Más aún, en defensa de la Constitución que es la que proporciona los instrumentos para salvaguardar en estas situaciones los derechos constitucionales y la vigencia del estado de Derecho.
No es la vigencia del estado de alarma lo que es anormal sino su presupuesto, o dicho de otra manera, lo anormal son las razones que lo exigen. En este caso, el sabotaje y la paralización del tráfico aéreo.
La excepcionalidad de la que habla la Ley de 1981 hay que situarla en el contexto del siglo XXI.
Lo que ocurrió el día 3 de diciembre, no había sucedido jamás en España. En las formas y tiempos que ocurrió, no creo que haya habido un caso semejante en el mundo.
El mantenimiento del correcto funcionamiento del espacio aéreo de un país ha adquirido una dimensión estratégica. Su brutal alteración, como fue nuestro caso, coloca a la nación que lo sufre en una situación realmente excepcional.
Hoy, en la España de 2010 existe una actividad económica y humana importantísima alrededor de los aeropuertos. Hasta noviembre más de 180 millones de pasajeros han utilizado nuestros aeropuertos, se han realizado casi 2 millones de operaciones y transportado 592.000 toneladas de mercancías. Ocio, empresa y comercio son activos esenciales para nuestra vida, para la actividad económica y para nuestro bienestar.
Para comprobarlo sólo es necesario escuchar a las empresas hoteleras, a los tour-operadores, a las agencias de viaje. Muchas de estas compañías han señalado que el anuncio del Gobierno de proponer la prórroga del estado de alarma proporciona seguridad. Ayer mismo, la propia Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) respaldó la decisión del Gobierno de pedir la prórroga y la consideró una medida acertada para garantizar el buen funcionamiento del transporte aéreo. Todo esto constituye una prueba más de la dimensión del sabotaje, de la persistencia de las incertidumbres y de la necesidad de prorrogar los efectos del Decreto del Gobierno.
Ni la constitución ni la ley determinan cuál debe ser la duración de la vigencia del estado de alarma. Establece, eso sí, que será la “estrictamente indispensable”. Ese es el criterio que ha tenido en cuenta el Gobierno en todo momento y así lo va a seguir haciendo.
A la vista de las circunstancias que hemos sufrido y para asegurar el restablecimiento de la normalidad plena en la prestación del servicio de navegación aérea, el Gobierno juzga indispensable el mantenimiento de las medidas adoptadas hasta el día 15 de enero.
Y por normalidad quiero decir, no una normalidad precaria, o provisional y, por supuesto, no una normalidad que dependa de un supuesto compromiso de no volver a hacerlo por parte de quienes previamente provocaron el problema.
No son tiempo de palabras, Señorías, sino de seguridades.
Señoras y Señores Diputados
La declaración del estado de alarma fue la medida que aseguró la vuelta al trabajo de los controladores.
Con la prórroga para la que hoy les pido su apoyo ejercemos nuestra función de garantizar la navegación aérea en nuestro país , y con ella, los derechos de los españoles, con total responsabilidad.
Estamos convencidos de que la prórroga que solicitamos es no sólo plenamente constitucional, sino la decisión proporcionada, adecuada y eficaz que este momento requiere.
Es por todo ello que les solicito su voto a esta solicitud en nombre del Gobierno .
Muchas gracias.
