MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
Intervención del ministro de la Presidencia en el debate de la interpelación del grupo popular sobre consecuencias de la crisis aérea
15/12/2010. Madrid.
Muchas gracias Sr. Presidente, Señorías
Quisiera empezar mi intervención haciendo una consideración fundamental: nuestro país no ha sufrido las consecuencias de un conflicto laboral ni los efectos del ejercicio de un derecho de huelga. Los controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo coordinada y masivamente el pasado 3 de diciembre realizaron un sabotaje sobre nuestro espacio aéreo.
Los controladores plantearon un pulso intolerable al Estado de Derecho y un ataque al derecho de libre circulación de los cientos de miles de ciudadanos afectados.
La actuación del Gobierno se basó, como sabe, en no ceder al chantaje planteado desde el pasado día 3 al Estado y a la Sociedad española y garantizar la apertura inmediata del espacio aéreo español.
Señorías
Los controladores han causado graves daños, sin duda, daños, cuyo alcance aún no podemos precisar. Lo que sí podemos asegurar es que, si han sido limitados en el tiempo y en su magnitud, es debido a la acción del Gobierno
Permítame que insista en estos puntos: son los controladores los únicos responsables del ataque a la sociedad y la economía españolas y ha sido la rápida y eficaz acción del gobierno la que permitió abrir el espacio aéreo en horas, limitando el impacto de la crisis y dando garantías y seguridad a los viajeros y al sector turístico de nuestro país.
Los hechos que tuvieron lugar ese fin de semana no fueron un episodio aislado, sino la culminación de un proceso de amenazas, chantajes y actuaciones irregulares.
Estamos ante un colectivo de empleados públicos que han tratado de imponer un status económico y laboral lleno de privilegios injustos e inaceptables, aprovechándose de su posición de fuerza en la gestión de un servicio esencial para la comunidad, como es el control de la navegación aérea.
Estamos hablando no de uno ni de dos privilegios aislados, sino de todo un elenco de prerrogativas y favores en múltiples ámbitos, como la organización del trabajo, la formación, el acceso a la profesión, la jornada de trabajo o los salarios. Y en buena medida, esta situación tiene su origen en el Convenio firmado en 1999.
Pero esta situación de privilegios acumulados durante años no sólo había provocado una situación laboral y salarial escandalosas.
Era sobre todo una situación que penalizaba frecuentemente el tráfico aéreo y al sector turístico de nuestro país, de manera particular al insular, con las tasas aeroportuarias más caras de Europa. Podría ofrecerles muchos, muchísimos datos, pero sólo les daré uno: En 2009, las tasas en España eran un 40% superiores a la media de países europeos, con las consecuencias en términos de pérdida de competitividad que ello conllevaba.
Por eso, este gobierno lleva más de 6 años trabajando intensamente para encontrar soluciones a una situación insostenible.
Desde 2005 hasta 2009 el Gobierno ha presentado a los controladores hasta 10 propuestas diferentes en 65 reuniones en la Mesa negociadora para alcanzar un nuevo convenio que resolviese los problemas creados por el vigente de 1999. Le repito el dato, Señoría: 5 años de negociaciones y 65 reuniones.
Tras un proceso en el que el Ministerio de Fomento exhibió la mejor de sus voluntades negociadoras y en el que, a cambio, sólo recibió el chantaje y la cerrazón de los controladores, este Gobierno puso en marcha a principios de año una reforma en profundidad que moderniza y da racionalidad al servicio de navegación aérea en nuestro país.
Y lo hizo con un triple objetivo:
Primero, garantizar al máximo la seguridad aérea.
Segundo, ganar en competitividad, mediante la reforma estructural de la navegación aérea en el marco del cielo único europeo, y de los acuerdos internacionales.
Y tercero, hacer más eficiente la gestión aeroportuaria.
Posteriormente, en abril, con el apoyo mayoritario del Parlamento, se aprobó la Ley 9/2010 del 14 de abril, que establece una nueva regulación de los servicios de control de navegación aérea en España.
El desarrollo de esta Ley, ha llevado, a lo largo de este año, a la aprobación de 3 Reales Decretos; 1 Real Decreto Ley.; 1 Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el de Fomento y 4 Órdenes Ministeriales.
Como bien puede ver, este Gobierno no ha ido aplazando el problema, sino que se ha empleado a fondo en resolverlo.
Le leeré una cita:
“La intervención del legislador no sólo era obligada, sino que era imprescindible para corregir en el plazo más breve posible de tiempo, una situación tan calamitosa”.
Esto no lo decimos nosotros, lo dice la Audiencia Nacional en la sentencia del mes de mayo en la que rechaza el recurso interpuesto por los controladores.
E incluso añade, y permítanme que siga citando literalmente a la Audiencia:
“La prolongación durante más de 20 años de una situación como la aquí acreditada, en la que se ha utilizado la negociación colectiva en fraude de ley… no constituye un estado de normalidad, sino un estado de excepción permanente, que ninguna Administración responsable debe tolerar”.
Tras esta sentencia, los controladores emprendieron una actuación basada en ausencias injustificadas a los puestos de trabajo. Unas demostraciones de fuerza que son intolerables.
Días antes del puente, controladores del aeropuerto de Santiago dejaron de asistir progresivamente a su puesto de trabajo. Una situación que amenazaba con extenderse, comenzando por Canarias, y a la que el decreto del día 3 puso freno.
La no asistencia al trabajo de los controladores en Santiago, amparándose en bajas por la interpretación sesgada del cumplimiento de horas, provocó el cierre del espacio aéreo gallego el 28 de noviembre.
En aquel momento, Ustedes parecían estar de acuerdo con el Gobierno en no ceder al chantaje que asomaba en las intenciones de los controladores.
El 1 de diciembre los diputados gallegos del Grupo Popular del Congreso emitieron un comunicado reclamando actuaciones inmediatas. Y al día siguiente, el 2 de diciembre, el Presidente de la Xunta de Galicia solicitó medidas urgentes para solucionar el conflicto.
Por esa razón, el Decreto del viernes 3 forma parte de las respuestas que este Gobierno ha dado al problema creado por los controladores.
Ha sido este Gobierno el que ha hecho frente a una situación inasumible de sobrecoste de nuestro tráfico aéreo y de chantaje permanente al funcionamiento regular de un servicio público esencial.
Y ha sido la acción de este Gobierno, usando los medios legales a su alcance, la que permitió resolver la crisis en menos de 24 horas y la que ha limitado el impacto del sabotaje de los controladores.
Señorías
Aún es pronto para hacer una valoración definitiva de los daños que se han generado para viajeros, compañías y demás empresas o sectores afectados, y cualquier cifra que ahora pueda darse es prematura y necesariamente inexacta. Aún es pronto para hacer una estimación razonable de los costes provocados por la actuación de los controladores y, en todo caso, serán los Tribunales quienes deberán determinar el alcance de los daños que han provocado y quienes tendrán que identificar a sus responsables.
Mientras se realizan estas estimaciones y se depuran las responsabilidades entre el colectivo que nos ha llevado a esta situación, sí que tengo que decirles que Ustedes son víctimas de su propia exageración.
El pasado 28 de abril, con ocasión del debate por el cierre del espacio aéreo provocado por la erupción del volcán islandés, Ud. misma, en esta Cámara, cifraba el coste del cierre del espacio aéreo en 40 millones de euros diarios. Y ahora por un solo día lo eleva hasta 500 millones de euros.
Me atrevo a pedirle un esfuerzo de responsabilidad y sensatez y que no recurra a cifras desorbitadas con el solo propósito de desgastar al Gobierno. Porque al final, lo único que consigue es confundir a la opinión pública y crear incertidumbre apoyándose en datos que carecen del más mínimo rigor.
De todos modos, sí le diré que el puente de la Constitución no es festivo en el extranjero, por lo que no se registran cifras elevadas de entrada de turistas, que, por el contrario, en el mes de diciembre se concentran, en casi un 80%, en las fechas de Navidad.
Y algo más, únicamente el 10% del turismo interno que se produce en estas fechas utiliza el avión como medio de transporte.
El volumen de vuelos programados el viernes y sábado del puente era solo un 2,9% superior a los vuelos los programados, por ejemplo, el fin de semana del 19 y 20 de noviembre.
No obstante, para mitigar los efectos del boicot, se reforzaron medios alternativos de transporte para quienes tenían programados vuelos nacionales y se veían perjudicados por la actitud irresponsable de los controladores.
Gestionamos junto con las asociaciones de transporte de carretera, la puesta a disposición de 10.000 plazas adicionales. Y RENFE ofertó 14.000 plazas adicionales para mitigar las consecuencias de la cancelación de vuelos.
En este punto, quiero poner en valor el civismo demostrado por los afectados.
Y dejar claro, que todos debemos exigir a los únicos culpables de este sabotaje, las responsabilidades pertinentes. Son ellos, y solo ellos, los que deben responder del perjuicio económico causado a todos los usuarios del transporte aéreo.
Por ello, Señorías, sabemos que sobre el Gobierno pesa la obligación de impulsar la depuración de las responsabilidades en que se ha podido incurrir. Y así estamos actuando.
El Ministerio de Fomento y AENA han ordenado ya la incoación de más de 440 expedientes disciplinarios laborales a otros tantos controladores civiles, y la Agencia Española de Seguridad Aérea ha iniciado expedientes administrativos por presuntas infracciones a la Ley de Seguridad Aérea.
Tendremos que esperar a su conclusión para saber la gravedad y el alcance de las responsabilidades en que hayan podido incurrir.
Además, tanto de oficio, como resultado de denuncias presentadas por los ciudadanos afectados, el Ministerio Fiscal ha iniciado las diligencias oportunas para esclarecer las responsabilidades en que han incurrido los responsables. Como saben, nuestro ordenamiento ofrece resortes suficientes para en su caso sancionar penalmente las conductas producidas en estos días. Así se contempla en el Código Penal Militar para los hechos a partir de la declaración del estado de alarma, pero también en la Ley penal y procesal de navegación aérea para los hechos anteriores a la declaración de dicha situación.
Señorías
La rapidez y la determinación de la actuación del Gobierno han limitado los daños sobre la economía y la imagen de nuestro país provocados por el sabotaje de los controladores.
Hemos sufrido un daño, sin duda, pero hemos logrado evitar unas consecuencias que hubieran sido catastróficas de no haber puesto freno a tiempo a la estrategia de los controladores.
El Gobierno actuó rápida y eficazmente. Los ciudadanos lo saben y la opinión pública internacional, también.
Además, la prórroga del Estado de Alarma permitirá evitar en las próximas fechas mayores daños sobre nuestro sector turístico y ofrecerá a los viajeros y a las compañías seguridad y solvencia. Este es un nuevo ejercicio de responsabilidad del Gobierno que hacemos extensiva a los grupos políticos que la vayan a apoyar.
La única imagen que verdaderamente queda dañada a nivel mundial, es la del grupo de controladores que, abandonado sus puestos de trabajo, intentó causar importantes perjuicios a nuestro país.
Y la imagen que queda reforzada, es la de una sociedad responsable y la de un Gobierno que actuó con claridad, firmeza y determinación.
Muchas gracias
