Intervención del Ministro de la Presidencia ante la Comisión Constitucional del Congreso
02/12/2010. Madrid.
Comparezco por primera vez ante esta Comisión Constitucional para exponerles las líneas generales de la actuación política que me propongo llevar a cabo desde la responsabilidad que el Presidente del Gobierno me ha atribuido como Ministro de la Presidencia.
Al Ministerio de la Presidencia, como saben muy bien SS, compete entre otras cosas la coordinación e impulso de la acción y programa normativo del Gobierno en la fase previa de preparación, tanto de los anteproyectos de Ley como de las disposiciones de carácter reglamentario, lo que lleva a cabo en el ejercicio de sus competencias como Secretario del Consejo de Ministros y en sus funciones de coordinación de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
Así mismo asume la representación del Gobierno en su relación institucional con las Cortes, lo que incluye la coordinación e impulso del programa legislativo del Gobierno en el trámite parlamentario.
Enseguida me voy a referir al programa y calendario legislativo del Gobierno, tomando en cuenta también las normas que ahora mismo están en tramitación en las Cámaras. Antes, sin embargo, quisiera poner esta información en su contexto y para esto he de referirme al marco en que está desarrollando esta legislatura: la crisis económica.
Una crisis de proporciones descomunales y sumamente compleja en cuanto a sus causas y sus consecuencias. Una crisis que es internacional pero que ha golpeado con particular intensidad a Europa y, dentro de Europa, a algunos países, entre los que desafortunadamente se encuentra el nuestro.
Nuestro Gobierno ha reaccionado a la crisis, que ha pasado por distintas fases, adoptando en cada momento las medidas que se han considerado más eficaces, adecuadas y proporcionadas al desafío y al tipo de problemas planteados. Así lo han hecho también los demás Gobiernos, que en función de sus circunstancias nacionales, han adaptado su respuesta a lo que el momento demandaba. Algunas críticas a los cambios de política económica, ignoran las muy diferentes y hasta contradictorias fases por las que ha pasado la crisis y los distintos sectores que han resultado afectados en cada una de esas fases.
En el primer momento, la crisis se manifestó como crisis financiera y se actuó en consecuencia: en España no hubo que acudir al rescate de los Bancos, como en otros países, pero fue necesario actuar adquiriendo activos financieros, prestando aval a su endeudamiento y garantizando los depósitos. Con el colapso del sector de la construcción y sus terribles consecuencias sobre el desempleo, se impuso la adopción de medidas Keynesianas de fomento del empleo y de estímulo de la demanda. También se intervino en sectores estratégicos y que resultaron muy intensamente afectados (turismo, automoción, rehabilitación viviendas).
A finales del año pasado los mercados financieros generaron las crisis de las deudas soberanas, y desde primeros de 2010, se ha impuesto la consolidación fiscal del déficit con unas medidas de ajuste muy duras, pero imprescindibles a toda Europa.
El Gobierno también ha impulsado y respaldado las medidas que mitiguen el impacto y dureza de la crisis sobre la gente que más la sufre (protección parados, defensa servicios públicos básicos, ajustes “proporcionados” en los recortes, etc), Y en la adopción de estas medidas de reacción a la crisis siempre se ha buscado el consenso con los sindicatos, con los representantes de la patronal, con los representantes de las demás fuerzas políticas… Quiero agradecer aquí las colaboraciones que muchos de los grupos que ustedes representan han prestado al gobierno y al País.
Este escenario de crisis puede explicar no sólo que la principal “materia” del programa normativo y de muchas de las medidas tramitadas y en trámite en el parlamento sean de tipo “económico”, sino también que se haya recurrido con frecuencia al instrumento del Decreto-Ley para tramitarlas
La evolución de la coyuntura económica y la necesidad de tomar medidas de forma inmediata ha obligado al Gobierno a recurrir a esta legislación de urgencia que, en todo caso, se convalidan por la Cámara y, en algunos casos, se tramitan como Proyecto de Ley.
Así, 22 de los 35 Reales Decretos Leyes aprobados por el Gobierno en esta legislatura y remitidos a la Cámara son de impulso a la actividad económica y lucha contra el desempleo como la reforma laboral, las medidas de ajuste fiscal, la reforma de las Cajas de Ahorro o el programa temporal de protección por desempleo e inserción.
SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY EN TRAMITACIÓN
Actualmente se encuentran en tramitación aproximadamente 25 proyectos de ley, muchos de ellos destinados a hacer frente a la crisis económica y al desempleo, prioridad absoluta del Gobierno; otros con una incidencia clara en la protección del medio ambiente; y otros muchos que afectan a distintos aspectos de la administración pública y la administración de justicia.
El Gobierno espera, antes de que finalice el año, la aprobación, además de la ley de presupuestos, de las siguientes iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de protección del medio marino.
- Proyecto de Ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
- Proyecto de Ley del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.
- Proveniente de una proposición, la Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Protocolo por el que se modifica el Protocolo sobre las disposiciones transitorias, anejo al Tratado de la Unión Europea.
-
Asimismo durante el primer trimestre del 2011 esperamos que puedan estar aprobadas las siguientes iniciativas:
- Proyecto de Ley de Economía Sostenible.
- Proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
- Proyecto de Ley por la que se regula la Sociedad Cooperativa Europea con domicilio en España.
- Proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía.
- Proyecto de Ley de Economía Social.
- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores y el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.
- Reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
- Asimismo, en el próximo trimestre, está previsto que se aprueben dos proposiciones de ley para modificar la LOREG.
Finalmente está prevista la aprobación durante el próximo periodo de sesiones de las siguientes iniciativas: (9 leyes).
- Proyecto de Ley por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea
- Proyecto de Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando
- Proyecto de Ley de reforma de la Ley 60/2003, de 22 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado.
- Proyecto de Ley de Registro Civil.
- Proyecto de Ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.
- Proyecto de Ley de pesca sostenible.
- Proyecto de Ley de seguridad alimentaria y nutrición.
- Proyecto de Ley por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas.
CALENDARIO LEGISLATIVO
En cuanto a las previsiones legislativas el pasado viernes 19 de noviembre el Gobierno adelantó su calendario prioritario para los próximos meses. Esas normas pueden clasificarse en 3 grupos atendiendo a sus principales objetivos o campos de acción:
a) Normas orientadas a acelerar y consolidar la superación de la crisis económica y la recuperación del empleo integrantes, muchas de ellas, de la Estrategia de Economía Sostenible. Lo que llamaríamos una agenda reformista
- Ley de reforma de las políticas activas de empleo.
- Ley concursal.
- Ley de servicios profesionales.
- Ley de negociación colectiva.
- Ley de reforma de la Seguridad Social en materia de pensiones.
- Ley reguladora del Fondo de capitalización para los trabajadores.
- Ley General de Telecomunicaciones.
- Ley de eficiencia energética y energías renovables.
- Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
- Ley de regulación del juego.
- Ley de mecenazgo.
b) Normas de reconocimiento y ampliación de derechos de carácter individual y social o colectivo, que incorporan el concepto de agenda social.
- Ley integral de igualdad de trato.
- Ley de modificación del Código civil en materia de patria potestad, tutela y sucesiones en relación con la violencia de género.
- Ley sobre cuidados paliativos y muerte digna.
- Ley de universalización de la cobertura sanitaria del Sistema Nacional de Salud.
- Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Código Civil, Código de Comercio y Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en materia de procedimientos de incapacitación.
- Ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias.
c) Normas destinadas a mejorar la organización y el funcionamiento de la administración pública y de los servicios prestados tanto por entidades de carácter público como privado.
- Ley del Gobierno Local.
- Ley de Nuevas Tecnologías en la Administración de Justicia.
- Ley por la que se regulan los parámetros mínimos de calidad de los servicios de atención al cliente de las empresas que prestan servicios económicos de interés general.
- Ley de residuos y suelos contaminados.
- Ley de calidad y sostenibilidad del medio urbano.
- Ley reguladora de la Jurisdicción Social.
- Ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre Consejos Territoriales.
- Ley del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- Ley sobre utilización de las lenguas cooficiales ante los órganos de Estado.
Quiero subrayar que este calendario no recoge todas las iniciativas que el Gobierno pretende impulsar en lo que resta de Legislatura. No se trata de una relación exhaustiva. Habrá otros proyectos de ley, incluidos en el programa legislativo, y se remitirán a las Cortes tras su aprobación por el Consejo de Ministros..
RENOVACIÓN ORGANOS CONSTITUCIONALES
También en relación con las Cortes Generales se encuentra la renovación de tres órganos constitucionales:
1. El Defensor del Pueblo, cuyo anterior titular finalizó su mandato en el mes de junio, y cuyas funciones ejerce interinamente la adjunta primera.
2. El Tribunal de Cuentas cuyos miembros han finalizado su mandato este mismo mes, y que permanecen en sus funciones hasta la designación de los nuevos Consejeros.
3. El Tribunal Constitucional. En la sesión plenaria de esta semana el Senado está procediendo a votar a los Magistrados cuya designación corresponde a esa Cámara. Están pendientes los cuatro Magistrados cuyo nombramiento corresponde al Congreso.
En estos días se están produciendo acontecimientos relevantes en este ámbito. El Senado vota hoy a los magistrados que le corresponde elegir. El Congreso abrió ayer el plazo de presentación de candidaturas, y se ha producido además la sentencia del Tribunal Constitucional rechazando los recursos presentados por dos comunidades autónomas.
El Gobierno ha considerado siempre que estas altas instituciones deben desarrollar sus funciones con absoluta normalidad y ser renovados en los plazos establecidos por la Constitución. Por ello trabaja para encontrar el consenso que se requieren para su renovación en el más breve tiempo posible.
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA
Otra de las competencias del Ministerio de la Presidencia es el desarrollo y aplicación de las leyes impulsadas desde este Departamento. Una de las que más iniciativas parlamentarias ha generado respecto de su cumplimiento es la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra civil y la Dictadura, la comúnmente conocida como “Ley de la Memoria Histórica”.
En este sentido permítanme hacer un breve balance. En primer lugar quiero señalar que su grado de cumplimiento se puede considerar muy alto. Aunque las medidas de desarrollo y aplicación han tenido menos visibilidad, con alguna excepción, que cuando se estaba produciendo el debate del proyecto de ley.
En lo referente a medidas de compensación económica destacan:
• Se han mejorado de las prestaciones de reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada Guerra Civil. Desde la aprobación de la ley esta medida ha beneficiado a 849 personas.
• Se han incrementado 13.506 pensiones de orfandad reconocidas a favor de huérfanos no incapacitados mayores de veintiún años causadas por personal no funcionario cuyas cuantías permanecían inalteradas desde 1980.
• La ampliación del ámbito de aplicación de las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía resultando aprobadas 57.
• 382 personas se han beneficiado de la exención en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron privación de libertad como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía.
• Se regularon mediante Real Decreto las condiciones y el procedimiento para el abono de las indemnizaciones a favor de las personas fallecidas o que hubiesen sufrido lesiones incapacitantes en defensa de la democracia durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977, creándose a este respecto para la tramitación, estudio y valoración de las solicitudes una Comisión de Evaluación adscrita al Ministerio de la Presidencia a la que, hasta la fecha, se han presentado 183 solicitudes de las que se han concedido 48.
• Se reguló también la concesión de una indemnización a favor de quienes hubiesen sido objeto de internamiento por su condición de homosexuales en aplicación de las Leyes de Vagos y Maleantes o de Peligrosidad Social. La Comisión a la que corresponde el reconocimiento de estas indemnizaciones ha procedido al examen de 143 solicitudes presentadas, de las cuales se han resuelto 139: 82 de manera positiva; 44 negativamente y 13 han sido inadmitidas. 4 solicitudes se encuentran en tramitación.
• A pesar de tener una ley específica merece una mención especial el tratamiento dado a los llamados “Niños de la Guerra”. Se les reconoció una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero durante su minoría de edad como consecuencia de la Guerra Civil l y de la que se benefician 2.196 personas en los tres primeros trimestres de este año.
En cuanto a las medidas de reconocimiento y reparación:
• Se ha establecido un procedimiento sobre la declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura y, hasta la fecha, se han recibido 1.203 solicitudes, de las que en 855 casos ya se ha expedido el correspondiente Título, algunos a personalidades tan conocidas como LLuis Companys o Miguel Hernández.
• En relación con la adquisición de la nacionalidad española de origen de los hijos de aquellas personas que fueron originariamente españoles, así como los nietos cuyos abuelos la perdieron a causa del exilio, se han aprobado 151.400 solicitudes hasta el 31 de octubre de este año.
• Se aprobó también el Real Decreto sobre concesión de la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales que estableció el procedimiento al que se han acogido 21 brigadistas. Todos ellos, menos uno que murió antes de que concluyera el procedimiento, ya tienen reconocida la nacionalidad española.
• Y, se adoptó el Acuerdo por el que se dictan instrucciones para la retirada de símbolos franquistas en los bienes de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos dependientes, creándose a tal efecto una Comisión Técnica de Expertos para la valoración en cada caso de la aplicación de estos criterios. Actualmente, y de manera cotidiana, se están realizando actuaciones de retirada de símbolos.
Respecto a las medidas de carácter institucional:
• La creación en el Ministerio de Justicia de la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura como órgano específico que, en el ámbito de la Administración General del Estado, es punto de referencia para facilitar a los particulares la información necesaria en el ejercicio de sus derechos y de las actuaciones realizadas.
• Una de las funciones más relevantes de la Oficina es la elaboración de un Protocolo de actuación científica multidisciplinar para la realización de las exhumaciones. Dicho protocolo ya ha sido elaborado y fija el procedimiento, los requerimientos técnicos, materiales y humanos para proceder a las exhumaciones. Asimismo ha sido remitido a las Comunidades Autónomas que tienen la competencia para aplicarlo, así como a la Federación Española de Municipios y Provincias y a las Asociaciones de Memoria Histórica de ámbito nacional.
Reseñable también es la elaboración de un Mapa integrado de localización de restos con el fin de vertebrar toda la información procedente de las diversas Administraciones Públicas. A este respecto, se han firmado ya numerosos convenios de colaboración entre el Ministerio de Justicia y varias Comunidades autónomas para la elaboración y aplicación del citado Mapa que la propia ley prevé. Próximamente el mismo se hará accesible a la ciudadanía a través de un dispositivo informático situado en la red.
• La ley también prevé la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en la ciudad de Salamanca, y desglosa sus funciones, entre las que incluye las de reunir, organizar y recuperar todos los fondos documentales relativos al período histórico comprendido entre la Guerra Civil española y la posguerra, hasta la Constitución de 1978, con el objeto de propiciar el derecho de acceso a los fondos de los archivos públicos y privados.
El 31 de julio de 2008 se restituyeron a la Generalitat de Cataluña los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, que se custodiaban en el Archivo General de la Guerra Civil. Actualmente continúan los trabajos de la Comisión Mixta Gobierno-Generalitat de Cataluña y el Grupo de Expertos nombrado por ésta para el análisis de la documentación.
Finalmente, además de todas estas medidas, desde 2006, y como consecuencia de las recomendaciones efectuadas por la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, desde el Ministerio de la Presidencia se han realizado cinco convocatorias para la concesión de subvenciones a asociaciones, fundaciones, sindicatos, agrupaciones de personas físicas y desde 2010 también a universidades, para el desarrollo de proyectos relacionados con la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento moral a las víctimas.
Entre 2006 y 2010 se han destinado 19.475.985 euros a la financiación de 642 proyectos. Durante el año 2011 se pretende continuar con la labor emprendida en orden a la recuperación de la Memoria Histórica y al reconocimiento moral de las víctimas, por lo que se ha previsto en el presupuesto del Ministerio una cantidad de 5.253.850 euros, que, de acuerdo con una enmienda presentada al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, podrá ampliarse en 1.000.000 de euros.
Por otra parte, el Ministerio de la Presidencia está diseñando un Portal de Memoria Histórica que se pondrá en marcha el próximo trimestre y que contendrá toda la información sobre las actuaciones realizadas en el ámbito de la Administración General del Estado, así como sobre los derechos, medios y procedimientos que existen para que los interesados puedan ejercitarlos.
El Gobierno, de acuerdo con la disposición adicional sexta de la Ley de Memoria Histórica, promoverá actuaciones para que el Valle de los Caídos sirva a los objetivos de honrar y rehabilitar la memoria de todas las víctimas de la guerra y la represión política; de la verdad histórica y de la reconciliación de los españoles de acuerdo con los valores constitucionales.
Como saben subsisten algunos problemas de seguridad relativos a La Piedad de Ávalos que han aconsejado restringir el acceso a la Basílica. Patrimonio Nacional, en diálogo con el Arzobispado de Madrid, va a ejecutar de modo urgente un mallado sobre la escultura y una plataforma de hierro y madera, de forma que en el plazo más corto posible quede garantizado el acceso y el normal desarrollo del culto (está previsto que pueda restablecerse el paso a la Basílica antes de finalizar el año).
Lo que puedo asegurarles es que, desde que la Ley entro en vigor el Gobierno ha hecho respetar el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica por el cual en el recinto del Valle no pueden llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil o del franquismo.
REFORMA DEL MARCO AUDIOVISUAL
Cuando los socialistas accedimos al gobierno en 2004, en el escenario audiovisual convivían una auténtica maraña de normas que regulaban aspectos concretos del sector a menudo de manera poco clara. Impidiendo un desarrollo en condiciones de seguridad jurídica y de libre competencia en un momento, además, de transición tecnológica.
La política desarrollada por el Gobierno a lo largo de estas dos legislaturas acometió, con decisión y en diálogo permanente con el sector, la tarea de proporcionarle una base legislativa homogénea, clarificadora, modernizadora, que impulsara un escenario audiovisual fuerte, justo, plural, competitivo, y en condiciones de asumir los nuevos retos tecnológicos.
El primer e importante paso fue definir el espacio que en ese escenario jugaban los medios públicos. Medios a los que, por primera vez, se aseguró la independencia del Gobierno, la estabilidad y, también, la sostenibilidad económica, dando fin a un déficit de millones de euros arrastrado durante años.
Hoy la Corporación RTVE no depende del Gobierno y el Parlamento nombra por mayoría cualificada a sus máximos responsables, incluido su Presidente. La Corporación RTVE ya no esta sometida al control del Gobierno sino del Parlamento, de sus propios profesionales a través de los Consejos de Redacción, de organismos fiscalizadores como el Tribunal de Cuentas y de Autoridades Independientes Hoy, la radio y televisión de titularidad estatal cuenta con un Mandato-marco aprobado por el Parlamento en el que se establecen para 9 años sus obligaciones de servicio público.
Señorías, todas estas medidas nos permiten concluir que estamos ante el modelo de televisión pública estatal más plural y transparente de la historia de España.
Pero esa independencia político-institucional sería papel mojado si no contara con una independencia económica que sólo puede proporcionar la seguridad de una financiación estable y suficiente. Por ello, la Ley de Financiación de RTVE vino a culminar el modelo de medios de comunicación públicos. En efecto, la Ley 8/2009, de 8 de agosto, introdujo un cambio estructural en el modelo de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión (RTVE), renunciando definitivamente a los ingresos publicitarios y a los contenidos de pago. Por otro, la fijación de un presupuesto garantizado de 1.200 millones de euros anuales, que actúa como techo de gasto de la Corporación RTVE.
Esta ley ha fortalecido la independencia económica de la Corporación, garantizando su equilibrio presupuestario, asegurando su estabilidad financiera y poniendo los cimientos para consolidar un modelo de radio y televisión pública fuerte, de éxito, mayoritaria en audiencias y de calidad.
La Corporación ya no está sometida ni a los condicionamientos de los anunciantes ni a los vaivenes del mercado publicitario, especialmente sensible en momentos de crisis como los que vivimos. Esta reforma permite a la Corporación RTVE no sólo mantener una oferta completa y de calidad de radio, televisión y servicios interactivos, sino liderar el proceso de avances, desarrollo e implantación de nuevas tecnologías en el terreno audiovisual. Esta reforma garantiza que la radio y televisión pública mantenga un papel protagonista en la dinamización del conjunto del sector audiovisual, en permanente expansión y crecimiento y con grandes perspectivas de futuro y de generación de puestos de trabajo.
Frente a esta ley se han presentado algunos recursos ante los trbunales españoles y la Comisión Europea. Por un lado la Comisión ha decretado ya la compatibilidad de las aportaciones públicas que genera con el Tratado de la Unión y los principios y normas de competencia. Por otro, no obstante ha abierto un procedimiento de infracción para el examen de la adecuación del sistema de las aportaciones que tienen que realizar los operadores de telecomunicaciones, con las Directivas que regulan este sector.
El Gobierno considera que el nuevo modelo previsto en la Ley, debe ser mantenido y lo defenderá en todas las instancias administrativas y judiciales de la Unión Europea. En primer lugar, porque garantiza una televisión independiente, de calidad, con vocación de servicio público, universal y gratuita. Pero además, es una Ley que busca la convivencia entre un sector público fuerte, capaz de prestar con garantías un servicio público de calidad y un sector privado que crezca, genere riqueza y desarrolle nuevas posibilidades de negocio y empleo. Se trata, en fin, de una norma importante que ha afianzado el modelo de una radiotelevisión pública mayoritaria, sostenible e independiente, y que, junto a la Ley General Audiovisual, ha clarificado el escenario televisivo en un momento de intensa transformación tecnológica.
Además de la reforma de los medios de comunicación de titularidad estatal, se continuó la tarea de regulación en el sector privado, adelantando el encendido digital a 2010, liberalizando el cable y el satélite, aprovechando al máximo las posibilidades del espectro radioeléctrico dando entrada a nuevos operadores, abriendo el mercado a los nuevos productos y servicios que aportan las nuevas tecnologías, y, ya en momentos de crisis económica, posibilitando un proceso de convergencia entre operadores.
Finalmente, también se ha aprobado en esta Legislatura la Ley General de Comunicación Audiovisual, que ha puesto definitivamente las bases de un sector fortalecido y modernizado, compendiando y actualizando la normativa reguladora, innovándola en algunos aspectos, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea. El Gobierno tiene especial interés en acometer el desarrollo reglamentario de esta Ley, que garantiza el pluralismo y la protección de los derechos de los ciudadanos al tiempo que fija unas reglas de transparencia y competencia claras en un contexto de liberalización de la actividad audiovisual.
En esta misma línea, les reitero ya la voluntad del Gobierno de proceder en los próximos meses a acometer la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, órgano regulador y supervisor del sector de conformidad con lo establecido en la propia ley. A este respecto, es pertinente recordar que corresponde al Congreso de los Diputados proponer por mayoría cualificada a los miembros de este órgano.
RELACIONES CON LA IGLESIA
Como Uds. ya conocen no se ha incluido la Ley de Libertad Religiosa en el calendario legislativo prioritario anunciado por el Gobierno el pasado 19 de noviembre. El propio Presidente en respuesta a pregunta oral manifestó que la reforma de la Ley de Libertad Religiosa “es conveniente, pero no urgente”.
Nuestro marco legislativo, pudiendo ser mejorado, protege con claridad el derecho fundamental a la libertad religiosa. La ley orgánica de libertad religiosa vigente (Ley 7/1980, de 5 de julio) sirvió para desarrollar los Acuerdos de cooperación con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ley 24/1992, de 10 de noviembre); con la Federación de Comunidades Judías (Ley 25/1992, de 10 de noviembre) y con la Comisión Islámica de España (Ley 26/1992, de 10 de noviembre). De hecho donde está el problema no es tanto en el marco legislativo sino en el ejercicio de este derecho en una sociedad española cada vez más plural.
Que no haya ley no significa que no haya política religiosa. Hay cooperación con la Iglesia católica en múltiples ámbitos: enseñanza, rehabilitación cultural, acción social, cooperación internacional, etc. Y hay cooperación con las demás confesiones religiosas. De hecho la diversidad religiosa y cultural presenta nuevas demandas sociales en las escuelas, en los servicios sociales, en la convivencia social, en los ayuntamientos. Por ello, donde se encuentra una de las prioridades de la acción de gobierno es precisamente en la adecuación de la gestión pública de estas demandas. En esta dirección trabaja la Fundación Pluralismo y Convivencia con un presupuesto anual aproximado de 5 M€. A su servicio está la próxima puesta en marcha del Observatorio de Pluralismo Religioso.
Que no haya nueva ley, no significa que no haya habido avances en la laicidad del Estado. La laicidad constitucional es el mejor marco para el desarrollo de la libertad religiosa y de conciencia. Es el caso de la promoción de una educación común en valores cívicos, ej. Educación para la Ciudadanía; el Reglamento de Honores Militares (684/2010, de 20 de mayo) en el que desaparece el capítulo de los honores al Santísimo; o también la aprobación de leyes, la última, la del aborto, que como saben ustedes, tuvo el desacuerdo de la Iglesia católica y también de la federación de comunidades protestantes. Respetamos su parecer y su derecho a proponer su visión en la deliberación pública.
Pero sus posiciones no son enunciados de verdad, se pueden discutir; se deben debatir y las religiones deben responder con argumentos. También han de transaccionar, como hacemos todos por el bien de la convivencia. Las leyes son de los hombres, y la ética cívica que las soporta se construye entre todos, con acuerdos y desacuerdos. Esto es más laicidad, me remito a los hechos.
En estas materias es importante gobernar construyendo consensos. No es igual la gestión pública de la diversidad de intereses que la gestión pública de la diversidad de identidades y valores. Afectan sustantivamente a la cohesión social. Por ello nuestra opción es acompasar la iniciativa política al ritmo del cambio de la sociedad.
PLAN DE DERECHOS HUMANOS
Otro gran eje sobre el que gira la acción de gobierno tiene que ver con la garantía y fomento de los derechos humanos, tanto desde una perspectiva interna como externa.
En este ámbito destaca la aprobación, desarrollo y ejecución del Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2008, y que ha sido en diversas ocasiones debatido ya en esta Comisión.
Para tener en cada momento una idea exacta del grado de cumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en el plano organizativo, como ya conocen se ha puesto en funcionamiento la Comisión de Seguimiento como órgano encargado de evaluar periódicamente la ejecución de las medidas previstas en él.
Como tuvo ocasión de informarles el pasado 21 de octubre en esta misma sede precisamente el Secretario de Estado, a fecha de hoy, cuando apenas han pasado 2 años desde la aprobación de este Plan, el grado de cumplimiento de las medidas previstas en él es razonablemente satisfactorio, en tanto que muchas de ellas se pueden considerar ya satisfechas, encontrándose prácticamente todas las demás en grados más o menos avanzados de desarrollo y ejecución.
Estrechamente relacionado con este Plan se encuentra el apoyo a la adhesión de la UE al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales que fue una prioridad del Gobierno de España durante la presidencia semestral española del Consejo de la Unión y sigue siéndolo una vez finalizado ese semestre. Con esta adhesión, la UE se convertirá en un miembro más del Convenio y los ciudadanos europeos podrán disponer de un nuevo derecho, el de recurrir al Tribunal de Estrasburgo en defensa de cualquier violación, por parte de la Unión o de los Estados miembros, de los Derechos Humanos recogidos en la Convención.
ORGANISMOS DEPENDIENTES
Antes de acabar esta intervención, quisiera dedicar unas breves palabras a los organismos autónomos dependientes del Ministerio de la Presidencia.
En primer lugar, por lo que se refiere al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el objetivo sólo puede ser continuar haciendo de él una institución de referencia nacional e internacional en cuanto a investigación, formación e información de la realidad social, política y constitucional española. La intención es dar continuidad a los trabajos que desde él se vienen impulsando sobre temas clave para nuestro sector público, como son los que tienen que ver con el pluralismo territorial, la Unión Europea, la representación y participación ciudadana y la inmigración y ciudadanía. Mención singular merece su labor editorial, de gran prestigio tanto a nivel nacional como internacional, y uno de los ejes centrales sobre los que gira la actividad del propio Centro, que, además, en su mayor parte, se encuentra auto-financiada por los ingresos generados por la venta de las publicaciones. Se ha de destacar, por último, que el Centro ha hecho un importante esfuerzo para hacer realidad una justa demanda consistente en facilitar la información en todos los idiomas oficiales del Estado a través de su página web
En cuanto al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pretendemos continuar y profundizar la política de modernización científico-técnica en la que se viene trabajando desde el inicio de la legislatura. Guiado por los principios que la ley le asigna de objetividad, neutralidad en su actuación, igualdad de acceso a sus datos y respeto máximo a los derechos de los ciudadanos y al secreto estadístico, el CIS se fija como meta fundamental producir una información sociológica de la máxima calidad para ponerla a disposición del conjunto de la ciudadanía, sus responsables políticos y la comunidad científico-académica. Para la consecución de este objetivo, a lo largo de este tramo final de la legislatura está previsto llevar a cabo actuaciones específicas en los tres campos que constituyen su ámbito típico de actuación: la investigación sociológica, el banco de datos y la edición científica.
Medidas todas estas que parten de una primera básica irrenunciable: la firme convicción de que la actividad del CIS sólo será válida en la medida en que su funcionamiento sea transparente. Convicción que, como es natural, comparte su nuevo Director que me ha manifestado su intención de ponerse a disposición de todos los grupos parlamentarios a fin de conocer sus puntos de vista sobre la institución y, en lo posible, atender sus demandas.
Respecto de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE), la línea de trabajo viene marcada por el correspondiente plan plurianual de gestión, que persigue tres objetivos estratégicos básicos:
1) Cumplir eficientemente y en la forma legalmente prevista el servicio público de publicidad de las normas y demás disposiciones.
2) Llevar a cabo la máxima difusión de la legislación y demás contenidos del diario oficial.
3) Ser la imprenta y el distribuidor “de referencia” de la Administración General del Estado y sus organismos de derecho público para todo tipo de publicaciones oficiales.
Para la consecución de estos objetivos son muchos los programas y proyectos operativos en marcha. En definitiva, se trata de garantizar de la mejor manera posible el cumplimiento de los diversos cometidos de la agencia estatal, haciendo uso de los nuevos medios que el desarrollo tecnológico va poniendo a nuestra disposición. Se ha de constatar el éxito que ha tenido la publicación del diario oficial en formato solo electrónico desde el 1 de enero de 2009.
En cuanto a Patrimonio Nacional que gestiona, administra y custodia los bienes titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Familia Real pero que también se utilizan, en la medida de lo posible, con fines culturales, científicos y docentes, afronta la última fase de la construcción del Museo de Colecciones Reales, que permitirá exhibir un gran número de obras de arte que por falta de espacio en el Palacio Real no pueden ser expuestas al público. Este proyecto fue aprobado durante el mandato del Partido Popular y refrendado posteriormente por el Gobierno Socialista.
Actualmente Patrimonio estudia la posibilidad de abrir un proceso para racionalizar sus estructuras e incrementar su eficiencia.
Este objetivo responde no sólo al contexto actual de austeridad sino a la necesidad de revisar su marco reglamentario -que data de hace más de 20 años- con el fin de dotar al Patrimonio Nacional de un régimen jurídico que permita afrontar los retos a los que se enfrenta. La nueva reestructuración permitirá alcanzar la promoción y apertura que Patrimonio Nacional se ha propuesto llevar a cabo de sus bienes a la sociedad tanto en su vertiente cultural, científica, docente como medioambiental.
Además, como saben sus señorías, el Ministerio de la Presidencia realiza las funciones de gestión de recursos humanos, materiales y económicos de los órganos dependientes de la Presidencia del Gobierno y sus Organismos (Consejo Superior de Deportes y Agencia estatal Antidopaje) de la Vicepresidencia Primera del Gobierno, cuya sede se encuentra en el Complejo de la Moncloa y de la SE de Comunicación, que presta apoyo al Presidente del Gobierno mediante la cobertura informativa de la actividad gubernamental y al Vicepresidente Primero en sus funciones de Portavoz del Gobierno.
Hasta aquí, de manera necesariamente muy resumida, lo que quería contarles acerca de la actividad que hemos previsto desarrollar desde el Ministerio de la Presidencia. Quedo ahora a su disposición para intentar responder a cuantas preguntas me quieran formular sobre cualquiera de estas cuestiones.
