Intervención de la Secretaria de Estado para la Función Pública en la XIII Reunión de la RIMPE sobre “Simplificación Administrativa y Gobierno electrónico: la experiencia portuguesa”
09/09/2010. Lisboa.
Comienzo felicitando a la Secretaria de Estado de Modernización Administrativa de Portugal por la excelente exposición que nos ha ofrecido sobre los avances de su país en una materia que todos consideramos, sin lugar a dudas, un factor clave para el futuro de nuestras Administraciones y para el mejor funcionamiento de nuestras economías.
Porque, como ya se ha señalado en este foro, la simplificación administrativa comparte con la expansión de las nuevas tecnologías un papel esencial en la reforma de las administraciones, abriendo un abanico excepcional de oportunidades para mejorar la relación de ciudadanos y empresas con su Administración. Son dos piezas de un mismo engranaje para avanzar hacia una administración más eficaz, más accesible y más transparente. Es decir, más capaz de prestar mejores servicios a los ciudadanos.
Desde un punto de vista económico, son ya instrumentos fundamentales para reducir los costes de funcionamiento de las empresas y, de este modo, contribuir al incremento de la productividad que permita consolidar el crecimiento económico. Se trata, por tanto, de un asunto vital, y así lo ha entendido el Gobierno español, como lo evidencian las medidas promovidas en los últimos años y de las que me gustaría darles una breve referencia.
Las iniciativas que hemos adoptado en materia de administración electrónica han de interpretarse también como instrumentos de gran valía para simplificar los procedimientos administrativos y reducir las cargas que la presión burocrática genera en empresas y ciudadanos. Me refiero a medidas como la Ley de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que al ofrecer un canal 24 horas los 365 días al año para realizar los trámites con la Administración genera una nueva forma de relación en la que los recursos se utilizan de forma mucho más eficiente. Las nuevas tecnologías ofrecen, por tanto, un campo para la simplificación que debemos explotar.
Y con ese mismo objetivo de optimizar el papel de la Administración en su relación con ciudadanos y empresas, España se ha propuesto firmemente cumplir con los compromisos marcados por la Unión Europea en materia de reducción de cargas y de mejora de la regulación. Es más, el objetivo español supera el fijado por Europa en 2007, ya que nuestra intención es reducir en un 30% las cargas administrativas que la legislación nacional genera a ciudadanos y empresas para el año 2010, lo que supone 5 puntos porcentuales por encima del objetivo europeo.
El principal hito con el que iniciamos el camino fue el Plan Nacional de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas, aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de junio de 2008. La intención es que, con este plan, podamos llegar a ahorrar a las empresas hasta 15.000 millones de euros, y de ellos, 10.000 millones corresponderán a acciones promovidas por la Administración estatal.
Esas acciones se pusieron en marcha, en un primer momento, a través de la aprobación por el Consejo de Ministros de tres paquetes de medidas de vía rápida, que se han dirigido principalmente a la reducción de cargas administrativas a empresas.
En segundo lugar, hemos llevado a cabo la medición de las cargas administrativas derivadas de la normativa nacional que afecta a las empresas, centrándonos en seis áreas prioritarias, con el objetivo de formular propuestas que las reduzcan. Esas seis áreas prioritarias son fundamentales para el entorno empresarial: el derecho de sociedades, la legislación fiscal, las estadísticas, la contratación pública, el medio ambiente y el entorno laboral y las relaciones laborales.
A raíz de ese análisis, se han elaborado cerca de 200 propuestas que serán recogidas en un nuevo acuerdo que esperamos que sea aprobado por el Consejo de Ministros este otoño. Les puedo avanzar, por ejemplo, que como proyecto piloto, hemos estudiado las cargas administrativas en el procedimiento que regula la notificación de traslado de residuos peligrosos en el territorio nacional, y las 15 medidas de simplificación propuestas pueden suponer un ahorro de 5,5 millones de euros anuales para las empresas del sector.
La reducción de las cargas administrativas ya existentes es, por tanto, uno de nuestros grandes ejes de actuación, pero también lo es el evitar que la nueva normativa imponga nuevas cargas innecesarias o desproporcionadas. Por ello, en julio de 2009 el Gobierno aprobó el Real Decreto que regula la memoria de análisis de impacto normativo, Real Decreto que se ha completado posteriormente con una guía metodológica para facilitar la elaboración de esa memoria. El objetivo es que toda propuesta normativa incluya una valoración del impacto económico de las cargas administrativas que supone para los ciudadanos y las empresas, y también del ahorro que se consigue cuando en vez de imponer nuevas cargas, se reducen las existentes.
Por otra parte, y en línea con la idea de participación que mencionaba en la anterior intervención, hemos querido también que empresas y demás colectivos se impliquen en esta labor, para lo cual el Ministerio de la Presidencia ha firmado convenios de colaboración con diversos organismos públicos y privados, desde las Comunidades Autónomas a las entidades locales, pasando por las Cámaras de Comercio o las patronales que representan a las organizaciones empresariales y a las pequeñas y medianas empresas. Y he de decir que el conjunto empresarial está siendo uno de los más activos en lo que a propuestas de simplificación administrativa se refiere.
Somos conscientes de que estamos en un camino recién iniciado y sabemos que queda mucho por hacer, pero en este tiempo ya hemos marcado pequeños hitos, como lo es el hecho de que en nuestro país no se solicite ya al ciudadano una copia del Documento Nacional de Identidad en sus trámites con la Administración, o que se hayan podido gestionar en apenas tres semanas los 28.000 proyectos presentados por los más de 8.100 Ayuntamientos españoles gracias a la vía electrónica. Esos proyectos se repartieron 8.000 millones de euros del fondo de inversión local lanzado por el Gobierno español en 2009 para promover el empleo en un momento de especiales dificultades económicas, y precisamente la rapidez en su tramitación fue esencial para poder lograr su finalidad.
Concluyo ya, resaltando una vez más la importancia que la simplificación administrativa y la reducción de cargas tienen hoy como instrumento clave para mejorar la competitividad de nuestras economías en un entorno globalizado como el actual, en el que la Administración no puede generar obstáculos al desarrollo, sino utilizar los instrumentos a su disposición –las nuevas tecnologías entre ellos- para optimizar el potencial de su tejido productivo.
Me gustaría subrayar que en los últimos años una gran parte de países hemos asumido un diagnostico inequívoco en torno a la vinculación entre simplificación y generación de nuevas expectativas de crecimiento y también hemos construido estrategias internas para aproximarnos a ese horizonte de simplificación. Entiendo que son avances inéditos, muy importantes que caminan en la buena dirección pues la administración ha de ser aliada de los sectores económicos y en modo alguno convertirse en un lastre que obstaculice su expansión.
Ahora bien, queda tarea por delante; y ya no solo en la profundización de lo logrado hasta ahora y que les he descrito someramente sino también para dar respuesta a lo que entiendo debe constituirse en un horizonte de mejora de la relación entre administrador y administrado, entre administraciones y ciudadanos. Ese es un territorio que también debemos explorar para lograr eliminar todo aquello que dificulta al ciudadano obtener éxito en sus gestiones con rapidez y sin obstáculos, sin trabas innecesarias, sin costes excesivos o innecesarios. No les quepa duda que así también estaremos reforzando la capacidad de los sistemas democráticos para ofrecer servicios eficientes a la ciudadanía.
El intercambio de experiencias en foros como éste nos ayuda a avanzar en ese camino y estoy convencida de que de en estos dos días de reflexión compartida nos llevaremos aportaciones muy valiosas que incorporar a nuestra acción de Gobierno.
