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Proceso de elaboración y aprobación del plan
 
El Plan de Derechos Humanos surge como consecuencia de un compromiso del Gobierno socialista, ya recogido en el programa electoral para las elecciones de 2004, y reiterado por la Vicepresidenta primera en el Congreso de los Diputados a comienzo de la IX legislatura.

La elaboración del Plan se inició en la anterior legislatura. En su elaboración han participado nueve ministerios del Gobierno, y se han incorporado observaciones y sugerencias que ONGs e institutos universitarios de derechos humanos han presentado, tras haber sido consultados en dos ocasiones (para el primer borrador en enero de 2008 y para el segundo, en noviembre-diciembre 2008).
 
El Plan fue adoptado por el Consejo de Ministros el 12 de diciembre de 2008, y fue presentado tres días más tarde en Naciones Unidas.

Con la adopción del Plan por España, son 24 los países que han adoptado un plan de estas características, siguiendo una recomendación de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993, que propuso que cada Estado considerara la posibilidad de elaborar un Plan de Acción Nacional en el que se determinaran las medidas necesarias para mejorar en su ámbito la promoción y la protección de los derechos humanos.

¿Por qué España adopta un Plan de derechos humanos?

España celebra este año el 30º aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978. Una norma que abrió nuestro país a la democracia y a la modernidad, con la que hemos logrado alcanzar cotas de desarrollo impensables hace treinta años y que ha situado a nuestro país a la vanguardia de la protección y garantía de los derechos humanos.

La Constitución Española de 1978, y su máximo intérprete, el Tribunal Constitucional, han permitido la conformación de una cultura democrática y de los derechos humanos, hoy plenamente asentada en España. Junto a ello, España ha desarrollado un proceso constante y coherente de firma y ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, que se inicia en 1977 con la ratificación de los Pactos Internacionales de Nueva York, siguió con la ratificación en 1979 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y la Carta Social Europea, en 1980, y que ha seguido hasta nuestros días.

El resultado es que, a día de hoy, España es una democracia consolidada, un país en el que existe una conciencia pública del valor y la importancia de los derechos humanos, en el que los mismos se encuentran protegidos y garantizados, y que ha asumido como prioridad política que éstos se conviertan en un verdadero y real patrimonio común al que accedan todos los seres humanos.

No obstante, es sabido que en el mismo momento en que dejan de promoverse los derechos, éstos comienzan a debilitarse. De modo que la realización y perfeccionamiento del sistema de derechos de un país dependen del compromiso cotidiano que adopten sus poderes públicos y sus ciudadanos. Ese compromiso significa estar atentos a los nuevos desafíos que plantea el desarrollo social, económico y tecnológico. Y es ese compromiso el que ha llevado a España a adoptar en los últimos años una posición y acciones coherentes con ella, para situarse a la vanguardia de quienes asumen el reconocimiento y la protección de los derechos humanos como prioridad de su acción política. 
 
Por ello, durante la VIII Legislatura el compromiso con los derechos humanos se ha plasmado en numerosas propuestas, en planes de acción, y en medidas normativas de gran calado social. La Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la reforma del Código civil que permite el matrimonio a personas del mismo sexo, la Ley de Dependencia, Ley de Identidad de Género, pero también el Plan Director de Cooperación Internacional y el objetivo de alcanzar el 0’7% del PIB en cooperación al desarrollo… muestran la apuesta decidida del Gobierno por hacer de la protección de los derechos humanos una seña de identidad de España.

Este contexto y el objetivo de seguir trabajando en la garantía de los derechos de forma coordinada y sistemática, impulsan al Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero a considerar oportuno la aprobación de un Plan de Acción de Derechos Humanos siguiendo la recomendación de Naciones Unidas. Un Plan que adecue nuestro ordenamiento interno a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, que vincule a actores públicos y privados en su defensa, que refuerce, a través de compromisos políticos, los medios de protección de nuestros derechos, en suma, el plan es un instrumento de impulso, coordinación y evaluación de modo conjunto de acciones muy diversas que planean o están llevando a cabo distintos actores del Gobierno, la Administración y los poderes legislativo y judicial.

El Plan ancla sus bases en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los instrumentos y resoluciones para la defensa de los derechos emitidos por la ONU y por el resto de organizaciones internacionales, especialmente por el Consejo de Europa. En este sentido, el Plan desarrolla un concepto de derechos humanos amplio, que comprende derechos individuales y sociales, y que presta atención a nuevas formas de presentación de los mismos. Con este Plan, España recoge el impulso que llevó a Naciones Unidas a aprobar aquella Declaración de derechos y reafirma su compromiso con su validez y expansión universal.

Contenido del Plan

El Plan está presidido por dos Ejes Prioritarios, que están en la base de las políticas del Gobierno respecto de los derechos humanos: la igualdad, no discriminación e integración de las personas; y las garantías que protegen los derechos humanos.
Se divide en dos partes –Acción Exterior y Acción Interior–, sin perjuicio de la dificultad de distinguir la política interior de la política exterior en un mundo cada vez más globalizado, donde las medidas de política social, económica, política o cultural tienen una proyección interior y exterior. Precisamente por ello, el Gobierno se compromete a liderar un proceso internacional de impulso al avance internacional de los derechos humanos, decidido a que los avances en política social en el interior impregnen la acción exterior.

Acción Exterior

La promoción de los derechos humanos en todo el mundo es objetivo prioritario del Gobierno y atraviesa todas las actuaciones de España en el ámbito internacional.

El Plan de Derechos Humanos tiene por objetivo la paz, la democracia, el desarrollo, la solidaridad y la justicia social en el mundo, partiendo de que la defensa de los intereses nacionales no es en absoluto contradictoria con propiciar la construcción de una sociedad global más justa y solidaria. Asimismo, son fines del Plan la promoción de los derechos humanos en el ámbito internacional, la sensibilización para su mejora y protección, y el apoyo a las organizaciones internacionales y a las ONGs cuya labor coincide con ellos.

En este apartado internacional las medidas que propone el Plan se ordenan por ámbitos de actuación:
- Naciones Unidas:- se contienen compromisos sobre cooperación al desarrollo, cumplimiento de los ODM, firma y ratificación de instrumentos internacionales, lucha contra la pena de muerte, prevención de la tortura, derecho al agua potable, protección integral a las víctimas del terrorismo y Alianza de civilizaciones.

- Unión Europea:- en el marco de la Presidencia Europea 2010, se adoptarán medidas de protección de los derechos en el ámbito institucional; en el ámbito de las relaciones exteriores, defensa y cooperación; para el desarrollo del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia; en el marco de la política medioambiental europea; y en el ámbito de los derechos sociales.
- Consejo de Europa:- durante la Presidencia española del Comité de Ministros, y posteriormente, se trabajará por el TEDH, para la abolición de la pena de muerte, se firmarán y ratificarán diversos protocolos y la Carta Social Europea revisada, y se pondrá en marcha el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos.

- OSCE:- los compromisos van dirigidos a reforzar institucionalmente la Organización, al apoyo a las misiones de observación electoral, y a la cooperación en distintos ámbitos, como el terrorismo, la lucha contra la intolerancia, la trata de personas y el cambio climático.

- Relaciones bilaterales y multilaterales:- se establecen medidas para la promoción de los derechos en esas relaciones, el fin del terrorismo desde la defensa de la democracia y el estado de derecho, la protección de los defensores de los derechos humanos, y los derechos de las personas con discapacidad.

- Corte Penal Internacional, otros organismos internacionales y mecanismos contra la impunidad de crímenes internacionales: se compromete el apoyo activo a la CPI, la atención a la Conferencia de Revisión del estatuto de Roma, la incorporación adecuada en el Código Penal de lo previsto en ese Estatuto, y la ratificación del Acuerdo de Privilegios e Inmunidades.

Política Interior

La perspectiva de los derechos humanos está presente en la acción de todos los ministerios del Gobierno, dando formación a los funcionarios, aumentando donde sea pertinente la protección de esos derechos y mejorando la respuesta allí donde su efectividad pueda estar cuestionada. En este marco, el Plan compromete al Gobierno en distintos ámbitos:

1. Por la igualdad, y contra la discriminación y el racismo, proponiendo y llevando a cabo reformas legislativas y acciones políticas dirigidas a evitar que las personas puedan ser discriminadas, directa o indirectamente, por motivos de religión o creencias, discapacidad, edad, sexo, orientación sexual u origen racial o étnico.

2. En la lucha contra la violencia de género, buscando la mayor eficacia a la Ley de Medidas de Protección Integral, mejorando las medidas de prevención y de sensibilización, mejorando la respuesta profesional y la atención social a las víctimas, e impulsando la gestión del conocimiento sobre este problema.

3. Para que los ciudadanos españoles en el exterior ejerzan sus derechos fundamentales en condiciones de igualdad con los residentes en España.

4. Con el derecho a la libertad religiosa de todas las personas.

5. Para la mejora de la tutela judicial efectiva, la atención a las víctimas, y la mejor formación de los operadores jurídicos.

6. En el ámbito de la autonomía personal, para garantizar que las personas sometidas a privación de libertad gocen de todos los derechos y garantías que la Constitución les reconoce. El Ministerio del Interior asume con firmeza la decisión de fomentar la cultura del respeto a ultranza de los derechos humanos.

7. En la protección de los refugiados y demás personas perseguidas en sus países de origen, avanzando en un sistema jurídico que refuerce las garantías y permita identificar a las personas con necesidad de protección internacional.

8. En colaboración con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, y dentro del marco competencial establecido, fortaleciendo la cohesión de las prestaciones de educación, de vivienda, de sanidad y los servicios sociales básicos, las condiciones laborales de los trabajadores, las prestaciones para las personas dependientes, así como la protección de los derechos de la infancia.

9. En el derecho de todo ciudadano a disfrutar de un medio ambiente adecuado, promoviendo medidas para minimizar el impacto de la actividad humana en el territorio y para mejorar la calidad del medio ambiente en los núcleos urbanos.

Un Plan abierto, en constante proceso de evaluación

El Plan tiene vocación educativa, y es entendido como un proceso en marcha, orientado a realizarse, a ser evaluado periódicamente y a ser alimentado a cada paso con nuevas propuestas y nuevos compromisos. La evaluación periódica del Plan medirá su eficacia y servirá para proponer nuevos compromisos y medidas.

En este proceso de seguimiento, evaluación y reformulación será imprescindible la participación de instituciones como el Parlamento y el Defensor del Pueblo, así como las organizaciones de la sociedad civil, universidades y actores sociales que trabajan en nuestro país por los derechos de las personas. Asimismo, y dada la distribución territorial de competencias prevista en nuestras leyes, en la ejecución del Plan estará muy presente la coordinación y cooperación con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

Para su seguimiento el Plan prevé la creación de una Comisión de Seguimiento. Esta Comisión será presidida por el Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, y en ella estarán presentes, además de los Ministerios implicados en la ejecución del Plan, el Defensor del Pueblo, representantes de las organizaciones no gubernamentales, de los institutos de derechos humanos y expertos independientes.

- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO [Comision_seguimiento.pdf]

  · Nombramiento vocales de la Comisión [nombramiento_vocales.pdf]