- El acuerdo contiene 50 medidas para la mejora de los servicios públicos, la modernización de la administración y la profesionalización de los empleados públicos.

- El Ejecutivo mantendrá el poder adquisitivo de los empleados públicos, cuya retribución subirá el 0,3% en 2010 y será compensada, si fuera necesario, en 2012.

- Se desarrollará el Estatuto Básico del Empleo Público, se elaborará la Ley de la Función Pública y se creará un Observatorio del Empleo Público.

- La tasa de reposición de la Oferta de Empleo Público no superará el 15%  y se concentrará en las plazas de sectores estratégicos y prioritarios.

[Acuerdo] [Foto] [Foto] [Vídeo]

La Vicepresidenta Primera del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, y los líderes sindicales de la Función Pública, Julio Lacuerda de UGT, Enrique Fossoul de Comisiones Obreras y Domingo Fernández de CSI- CSIF firmaron hoy el Acuerdo para la Función Pública 2010-2012.

Este acuerdo, que se desarrollará a lo largo de los próximos tres años y que se enmarca en el diálogo social, incorpora 50 medidas para el incremento de la calidad y eficacia de los servicios públicos; la reforma y modernización de la Administración; la mejora de las condiciones de trabajo, la profesionalización y la productividad de los empleados públicos; el mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios; y la garantía y buen ejercicio de los derechos sindicales.

Uno de los principales objetivos de este acuerdo es la modernización y reforma de la Administración. Para ello, además de continuar desarrollando el Estatuto Básico del Empleado Público, se elaborará una Ley de Función Pública con el fin de empezar su tramitación como Proyecto de Ley en septiembre de 2010. Y se creará un Observatorio del Empleo Público encargado de realizar un diagnóstico que permita redimensionar las plantillas, establecer los criterios de calidad y eficiencia y el estudio  de las necesidades de incorporación de nuevas categorías profesionales ahí donde sea necesario.

En este mismo sentido, se elaborará un Plan de Ordenación de Recursos Humanos con el objetivo de mejorar los servicios y la utilización racional y eficiente de los recursos tanto materiales como tecnológicos y personales.

En materia de retribuciones, el Gobierno garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios. Para ello, se ha establecido una subida salarial del 0,3% en 2010 y se ha acordado, por primera vez en la Administración del Estado, una cláusula de revisión salarial por la que el Gobierno se compromete a compensar en 2012 la pérdida del poder adquisitivo que pudiera producirse hasta esa fecha.

Asimismo, para impulsar una Administración de calidad y eficaz, Gobierno y sindicatos, han acordado culminar el desarrollo de la Ley de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos aprobada en junio de 2007. Para ello, se aprobará el Real Decreto que desarrolla la ley y se impulsará un Plan General de Formación en Administración Electrónica.

Además, se hará efectivo el Código Ético de Conducta de los empleados públicos, se implantará el teletrabajo allí donde sea oportuno y se simplificarán plazas y procedimientos.

Por otro lado, la formación va a ser otro de los retos para la Administración. Se potenciarán planes de formación no sólo para perfeccionar y mejorar las funciones a desempeñar de los funcionarios, sino que también den un impulso a su promoción y carrera profesional.

Por último, el acuerdo contempla reducir las tasas de temporalidad hasta un máximo del 8%, elaborar planes de igualdad de trato entre hombres y mujeres en todos los ámbitos del sector público y permitir el acceso a la jubilación parcial, entre otros asuntos.

Además, el Gobierno y los sindicatos han llegado a un acuerdo para incorporar a los Presupuestos Generales del Estado los criterios por los que se regirá la Oferta de Empleo Público para 2010. Según este acuerdo, el número total de plazas públicas no superará el 15 por 100 de la tasa de reposición y se concentrará en los sectores que se consideran prioritarios y esenciales.

Esta limitación no se aplicará al ámbito de la Justicia, la Sanidad, la Educación, las políticas de empleo, las instituciones penitenciarias o los municipios de menos de 50.000 habitantes.

Tras la firma del Acuerdo, la Secretaria de Estado para la Función Pública, Carmen Gomis, reunirá a la Mesa técnica de las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, y a la Mesa General de la Negociación las Administraciones Públicas para trasladarles el acuerdo alcanzado.

Podrá encontrar el Acuerdo para la Función Pública 2010-2012 en nuestra página web.